Entrevista a Edgardo Buscaglia/Experto en seguridad nacional

Antonio Cerda Ardura

Nuestra nación está sufriendo de una corrupción generalizada e incontrolable, y ni siquiera tiene capacidad de reacción, porque el Estado se está desgranando en manos de delincuentes, gobernadores, empresarios y policías, asegura el profesor Edgardo Buscaglia, experto en seguridad nacional e investigador principal de la Universidad de Columbia, en su nuevo libro: Vacíos de poder en México (Debate).

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México advierte que la corrupción es de tal magnitud, que la administración federal ni siquiera puede organizarla, lo que genera graves vacíos de Estado.

En entrevista con Siempre!, Buscaglia señala que si esos vacíos institucionales de Estado no se cubren, México se podría michoacanizar, ya que lo que ocurre en esa entidad se podría transformar en el común denominador de diferentes regiones.

Vacíos de Estado

¿Cuál es la tesis central de su libro?

La temática es muy interesante. Me focalizó en ser propositivo y, en ese sentido, el libro resulta como una guía operativa para que los gobiernos futuros, sean del partido que sean, se den cuenta de que México tiene vacíos institucionales de Estado que, si no se cubren, nos harán terminar peor que como estamos ahora, y quizá michoacanizándonos. Es decir: Michoacán se podría transformar en el común denominador de diferentes regiones de México y, lo que hago yo, es enumerar los vacíos de Estado y las medidas que hay que tomar para que, en el corto o mediano plazo, empecemos a contener esa violencia organizada en sus diferentes expresiones, que van desde homicidios hasta la compraventa de personas, extorsiones, secuestros, piratería, etcétera. Es violencia contra la persona física y la propiedad privada.

¿Es una obra eminentemente política?

La obra narra cuáles son los vacíos de Estado y advierte, por ejemplo, que los controles judiciales brillan por su ausencia, que el sistema judicial mexicano sentencia muy poco y que, cuando lo hace, viola los derechos humanos, como lo podemos ver en los casos del profesor Alberto Patishtán o de los cientos de ciudadanos cuyas quejas han ido a parar a diferentes comisiones, instituciones y cortes externas.

Hay, entonces, un gran vacío judicial.

Ése es el primer gran vacío de Estado: policías que trabajan para la delincuencia organizada, fiscales que no acusan por estar aterrorizados o por haber sido corrompidos, y jueces que se destacan por sus sentencias que no se apegan al Estado de derecho.

El segundo gran vacío del Estado mexicano son los controles políticos: no se sabe quién llega y quién se va de la política nacional. No hay controles para evitar que el político trabaje no solamente para grupos o monopolios y oligopolios legalizados, sino también para grupos criminales. Los políticos terminan sirviendo a esos poderes privados, legales o ilegales, y no al electorado, que se supone, es a quien deben de servir. Los controles políticos también brillan por su ausencia y ése es un gran vacío de Estado, porque, lamentablemente, en México la gran parte de la clase política está integrada, por acción u omisión, a los problemas descontrolados de delincuencia organizada y corrupción que sufrimos.

Hay una parte en la que usted habla del dinero ilícito.

Es, precisamente, un tercer gran vacío de Estado. A medida que he analizado la problemática de 109 países, he considerado que son esenciales los controles patrimoniales en el sector privado. No se sabe de qué tipo o de qué origen es el dinero que llega a las empresas de los diversos sectores económicos mexicanos, pero esos recursos ilícitos ingresan por doquier y, según reportes de instituciones internacionales, como el de la famosa organización Global Financial Integrity, México está catalogado como la tercera nación con los mayores flujo de dineros ilícitos (47 mil 600 millones de dólares, según el reporte Flujos financieros ilícitos provenientes de países en desarrollo 2001-2010, dado a conocer el 17 de diciembre de 2012). Es por eso que los controles patrimoniales de Hacienda, derivados de la investigación patrimonial y no solamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, brillan por su ausencia. Ése es un tercer gran vacío de Estado: el subsidio de la delincuencia organizada, no solamente de origen mexicano, sino norteamericana, canadiense, europea o asiática, que considera a México un paraíso patrimonial.

Y el cuarto gran vacío provocado por la ausencia del Estado mexicano es el que se refiere a la relación sociedad civil-gobierno, es decir, a los controles sociales que hacen que el Estado funcione mejor. A la sociedad civil hay que regularla, de alguna manera, con derechos y obligaciones, para que pueda monitorear el Estado en forma corporativa y responsable. Eso no se logra a través de discursitos y tallercitos, sino estando, diariamente, en el monitoreo de los juzgados y las agencias regulatorias del Estado, y de lo que se refiere a electricidad, o protección al consumidor, etcétera.

Las sociedades civiles de los países que consideramos los más avanzados y desarrollados, por ejemplo de Europa, controlan de manera silenciosa, día con día, cada agencia del Estado. Esto no significa que puedan hacer lo que quieran y entrar a cualquier institución, porque están regulados por ley. La sociedad civil también se tiene que apegar al derecho. Pero en México no existe una ley que nos regule, en forma correcta, para realizar ese trabajo de control social de jueces, fiscales, policías y del Poder Ejecutivo. También en eso tenemos un gran problema de vacío de Estado.

 

Reforma autoritaria

Usted ha sostenido que México ha pisado una mina que ya explotó, y lo refiere como una herencia. ¿Esto que estamos viviendo, efectivamente, es un legado del gobierno de Felipe Calderón?

Es una herencia de varios gobiernos que, a medida que fueron avanzando hacia una supuesta democratización, la cual nunca llegó, no institucionalizaron el país. Quizá la administración de Calderón fue la más torpe y arrogante, y la que llegó con menor legitimidad al poder. Pero el punto es que después de la administración de Ernesto Zedillo, que hizo lo que pudo en su momento y llevó a México a elecciones medianamente transparentes, ya no hubo ningún acuerdo político entre todas las fuerzas políticas para crear instituciones sólidas y socialmente legítimas. Se llegaron a definir, por ejemplo, varias reformas judiciales, pero éstas fueron hechas por expertitos y juristas encerrados en Gobernación, que sólo generaron códigos de procedimientos que nadie validó. La sociedad civil no fue llamada a opinar, como se hizo en Colombia, Italia, Suecia o Finlandia. Hubo una reforma judicial autoritaria. No se trató de cambios democráticos. Por eso, hoy nos encontramos con que el presidente Enrique Peña Nieto llega al poder con enormes vacíos de Estado y una corrupción descontrolada.

Como en todos los países del mundo, en el régimen priista de antaño, en los años sesenta y setenta, había corrupción. Pero también había un control político de esa corrupción. Y no es que eso sea lo deseable: ¡Era indeseable! Pero también era menos indeseable que lo que tenemos hoy, en el sentido de que México sufre de una corrupción pirañezca de cientos de poderes privados, legales e ilegales, que se adueñaron de pedazos del Estado, municipios, empresas y cuerpos de policías que actúan como guardias pretorianas de empresarios. Es una fragmentación del Estado.

En la que no hay ningún control.

No hay control político de nada. Si bien, desde el comienzo el presidente Peña Nieto ha dado señales a la clase política de que llegó una autoridad diferente y que a partir de ahora la pachanga puede continuar, pero no hay barra libre, eso no es suficiente. La detención de Elba Esther Gordillo, por ejemplo, a través de la acusación de lavado de dinero, se le va a caer a la PGR porque no está bien sostenida con una buena motivación. Es decir: el tema es que el presidente tiene que institucionalizar el país a través de un gran movimiento social y político, que vaya mucho más allá del PRI y del PAN.

 

Reforma electoral

Usted siempre recomendó que se hiciera un “gran pacto político” y parece que el gobierno actual le tomó la palabra. ¿Qué le falta al Pacto por México?

Mucha gente cuestiona el Pacto por México, porque afirma que se quedó afuera. Ése es un gran problema, ya que a la hora de implementar las medidas que surjan de ese acuerdo, van a existir muchos grupos que van a intentar boicotearlo. Lo que quiero decir es que hay que abrir más el sistema. Para un país resulta a veces muy doloroso marchar hacia un sistema político transparente, en el que, por ejemplo, las listas de precandidatos de todos los partidos no sean diseñadas por empresarios ni grupos criminales, sino que sean elegidas en cada colonia y distrito electoral, de manera que los precandidatos estén totalmente legitimados. Eso todavía no existe en México. Por lo tanto, la ley electoral mexicana figura como la medida número uno en el último capítulo de mi libro. Ahí establezco que, sin una reforma a ese ordenamiento, que abra las listas de precandidatos al voto popular, nunca va culminar la gran captura de partidos políticos por parte de grupos criminales, que se los reparten como pasteles. Esa reforma a la ley electoral requiere de un gran acuerdo político, ¡no lo puede imponer un presidente!

México está urgido de una ley que transparente el mecanismo de elecciones para que entren menos candidatos sucios, financiados también por dineros sucios, y más precandidatos con sustento popular. De eso se trató la Revolución Mexicana, y de eso se trataban las grandes revoluciones sociales que se promovieron desde México hacia el mundo.

Hay que regresar un poco la película.

Hay que volver un poco a las raíces de la Revolución Mexicana, a través de una buena ley electoral que limpie el sistema político. Pero eso se tiene que hacer a través de un acuerdo político mucho más incluyente que el Pacto por México, del que no todo es inservible. Este Pacto por México puede ser el comienzo de otro acuerdo mucho más incluyente, que prevea una reforma a la ley electoral y que abra las listas de candidatos a un monitoreo popular. En el fondo es lo que queremos todos en una democracia.

Lo que hace mi libro, a través de 26 medidas que detallo en el último capítulo, es dar la hoja de ruta a los gobiernos para que entiendan que, si no llenan los vacíos con esas acciones que sugiero, no vamos a poder frenar este desquicio de violencia y corrupción que lamentablemente vive México. Por eso, como le decía al principio, se trata de un texto propositivo, no fatalista en lo más mínimo, que ofrece opciones. Obviamente la lista de acciones no es exhaustiva, hay muchas otras que no consideré urgentes a mediano o corto plazo. Pero ahí están algunas para que el lector pueda evaluarlas, criticarlas y sugerirlas como proyecto social y político para México.