Entrevista a Edgardo Buscaglia/Experto en seguridad nacional

Antonio Cerda Ardura

Tras la destrucción de un avión mexicano, la noche del pasado 4 de noviembre, en Venezuela, que, según el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, iba full de cocaína, el anuncio de su gobierno de que se comenzará a aplicar la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo contra cualquier aeronave que use los cielos de ese país andino para traficar drogas ha abierto un gran debate con México y el resto de los estados sudamericanos.

Esa norma, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 22 mayo de 2012 (y publicada en la Gaceta Oficial núm. 39.935, del 1 de junio de 2012), después de que el fallecido presidente Hugo Chávez propusiera, un año antes, que se tomaran medidas para combatir el narcotráfico, establece la inutilización “de toda aeronave u objeto que, sin ser aeronave, infrinja las disposiciones sobre la circulación aérea” (http://www.asambleanacional.gov.ve/uploads/leyes/2012-05-22/doc_416f226649fb303d11e8a1f7994b98e29d0c8525.pdf).

El artículo 5, inciso 2, dicta que cualquier aeronave será derribada “cuando se presuma que el vuelo atenta contra la soberanía nacional o su utilidad tenga conexión con actividades ilegales”. Al anunciar el 1 de agosto de este 2013 la aprobación del reglamento de esa ley, Nicolás Maduro advirtió que la norma “me da la potestad, como jefe de Estado, de derribar cualquier nave que penetre ilegalmente a Venezuela para el tráfico de droga” y “voy a empezar a aplicar desde ya esa ley de manera inmediata”. Y así lo hizo con el avión mexicano, aunque no lo derribó propiamente.

Todo falso

De acuerdo con el plan de vuelo del avión mexicano (un Hawker 25, con registro oficial en Monterrey, Nuevo León, y con Matrícula XB-MGM), el transporte salió el mismo 4 de noviembre del aeropuerto de Querétaro, con siete personas a bordo, las cuales llevaban documentación autorizada por el Instituto Nacional de Migración (INM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la comandancia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En el aparato viajaron Isaac Pérez Dubon, Susana Bernal Rivas, Adriana Cruz Méndez, Sergio Franco Moga y Manuel Rodríguez Benítez, junto con los pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla. No obstante, la Secretaría de Gobernación indicó que tanto pasajeros, como la tripulación, presentaron documentos falsos.

En el plan de vuelo se especificó que el avión iba a despegar a las 17:30 horas, con destino a la tercera ciudad más grande de Honduras, La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Sin embargo, la nave salió a las 11:59 horas, aterrizó después en las Antillas Holandesas, situadas en el Caribe Neerlandés, luego se dirigió a Barquisimeto, Venezuela, y finalmente, se desvió hacia al estado de Apure, donde fue obligada a bajar por el Comando Estratégico Operacional de las fuerzas armadas de ese país, cuyos procedimientos para incendiarla después son reservados, con base en el instructivo del reglamento recién aprobado.

En un principio, se rumoró, tanto en México como en Venezuela, que en el avión se encontraba el narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, liberado en nuestro país el 9 de agosto pasado, después de 28 años de reclusión, tras de que el Primer Tribunal Colegiado de Guadalajara estimó que había sido juzgado en forma indebida por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985. Pero hasta el cierre de esta edición (14 de noviembre), no había sido posible comprobar la versión, ni se conocía el paradero de los ocupantes de la aeronave, todos, de nacionalidad desconocida, mientras que el presidente Maduro mantenía total indiferencia a los reclamos mexicanos.

El caso mantiene enfrentados a México y Venezuela, ya que entre ambas naciones y el resto de la región hay posiciones encontradas sobre la ley del derribo de aviones, medio de transporte de uso intensivo por parte de narcotraficantes.

Mientras Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay cuentan ya con normatividades, con diferentes limitaciones, que les permiten la destrucción de aeronaves intrusas, en Argentina, Bolivia y Paraguay se busca dar luz verde a esa posibilidad.

En entrevista con Siempre!, Edgardo Buscaglia, experto en seguridad nacional e investigador principal de la Universidad de Columbia, señala que habrá que esperar a que, mediante la profundización de las investigaciones, Venezuela ofrezca una mejor explicación.

El reconocido especialista, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, añade que le urge a nuestro gobierno la implementación de unidades de investigación patrimonial en los estados, para evitar que ocurran más casos como ése, y con las que el presidente Enrique Peña Nieto podría comenzar a institucionalizar el país.

Venezuela no es excepción

En México muchos pensamos que el gobierno de Venezuela quemó el avión quizá para borrar evidencias que impliquen que gente suya está involucrada en ilícitos. ¿Cuál es su apreciación?

Los ejércitos de toda esa región andina han sufrido grandes niveles de corrupción en sus filas. Las fuerzas armadas están contaminadas debido al enorme de flujo de drogas, que, por décadas, ha venido invadiendo la vida pública de esos países. Y Venezuela no es la excepción. Recordemos, por ejemplo, que una parte importante del ejército colombiano también fue corrompido en su momento y lo sigue siendo en algunas áreas. El ejército venezolano también está muy fragmentado por la infiltración de algunos grupos criminales, ya sea ligados a Colombia, Perú, o a cárteles mexicanos, como el de Sinaloa. Esto significa que si alguien quiere traficar drogas sin permiso de esos sectores de las fuerzas armadas penetrados por la corrupción, normalmente a ese grupo que lo intenta se le castiga.

Es decir: les tiran sus aviones.

Les derrumban sus naves, desaparecen… Es el tipo de situaciones propias de un sistema de corrupción fragmentada. Pero no es un problema sólo de Venezuela, sino del ejército peruano, del ecuatoriano o del colombiano, que fue, en su momento, relacionado con el tráfico de drogas que hacían los paramilitares.

Para decirlo de otra manera, se trata de un problema andino muy generalizado desde hace varios años, en el que, si bien hay sectores de los ejércitos muy limpios y muy meritorios, también hay grandes emporios de esas fuerzas, especialmente en el estado de Zulia, en la zona del Orinoco, donde los soldados han estado íntimamente involucrados en el tráfico de estupefacientes y la protección de cargamentos. Y, por lo tanto, si un cargamento pasa sin permiso, al grupo responsable se le castiga, le derriban sus naves o le confiscan la droga y se hace desaparecer a las personas que estaban traficando.

Sin embargo, hay que esperar a que se realice una investigación profunda y a que Venezuela o alguna de sus instituciones ofrezcan una mejor explicación, aunque, honestamente, dudo de que provenga de ese país, para que podamos llegar a una conclusión más allá de los precedentes que le estoy comentando.

¿Esto nos tendría que hacer pensar que el derribo de esta nave fue producto de una lucha de mercados, como ocurre en algunas zonas de México, guardando toda proporción, entre narcomenudistas?

Igual que los empresarios privados compiten cuando son oligopolios, las bandas criminales también lo hacen y se comportan como empresas. La agrupación criminal que captura a un sector del ejército venezolano, por ejemplo, a un regimiento, como en su momento el cártel del Golfo tenía capturado a un regimiento mexicano (la revista Nexos señala que eran elementos del 15 Regimiento de Caballería Motorizada-http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2204327), utiliza esa fuerza para castigar a los grupos de delincuentes antagónicos que trafican en la misma región. Eso exactamente es lo que sucede en Venezuela, Perú, en ciertas áreas de Colombia, en Bolivia y ahora está pasando, lamentablemente, también en Argentina. Es un fenómeno internacional, en el que pedazos del Estado, para decirlo de manera coloquial, o hasta regimientos militares, pertenecen a la delincuencia organizada y son usados para atacar a otros. Esto es algo que se llega a dar en México, pero que ocurre en Venezuela de manera mucho más organizada.

 

Institucionalizar a México

Ese desconocimiento que tiene Gobernación de los hechos, probablemente, habla de grandes deficiencias en materia de seguridad, pero también daría pie a sospechas de que gente poderosa podía estar involucrada. ¿Cree esto posible?

Yo no creo que el gobierno mexicano esté involucrado en un delito como éste, de un cargamento de drogas que va a Venezuela. A mí me parece más bien un problema ligado al hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto todavía no ha mostrado señales de institucionalizar el país.

Le doy un ejemplo: durante reuniones que han durado muchas horas, con los doctores Roberto Campa y Jorge Carlos Ramírez Marín, yo le he propuesto al presidente y a su equipo de seguridad establecer en cada estado unidades de investigación patrimonial, técnicamente autónomas, que trabajen en red y que no estén bajo el dedo pulgar de los gobernadores. Esto es un pacto político que no está en el llamado Pacto por México; ¡es un gran vacío de Estado en México! Estas unidades de investigación patrimonial podrían haber detectado a la empresa que compró ese avión, así como los activos reales usados para el almacenamiento de esas drogas en México, y hasta podrían haber desmantelado a ese grupo antes de que moviera el cargamento. Y como en México sólo tenemos una Unidad de Investigación Financiera, que brilla por su ausencia y por su inutilidad a nivel federal, pero no tenemos ninguna en los estados, las cosas pasan, como ocurrió en este caso del avión, por debajo del radar del gobierno de turno.

Peña Nieto tiene que institucionalizar a este país a través de acciones concretas como la que propongo. Sólo con esas unidades de investigación patrimonial, que estén trabajando continuamente a nivel estatal, utilizando, por ejemplo, los registros de la propiedad de las entidades como fuente de datos, se podrán desmantelar empresas como las que estaban vinculadas a este avión o lo están a muchas otras aeronaves, o a sistemas de transporte, de almacenamiento y de distribución de drogas. Para esto, el presidente necesita un gran pacto político con los gobernadores, de manera que no se pongan a estorbar el trabajo de estas unidades estatales. Si el presidente no lo hace, entonces la pesadilla no termina.

Por eso yo le pido al presidente que, por favor, considere esta medida, que es necesaria para dejar una institución autónoma, no sólo para su gobierno, sino para futuras generaciones. Esto ha dado resultado en todas las naciones en las que estas unidades se han implementado. No solamente han servido en Colombia e Italia, sino en cualquier otra parte. Y México brilla por sus vacíos institucionales de Estado.

Lamentablemente, si el presidente Nicolás Maduro ha dicho que había drogas en ese avión y lo ha sostenido públicamente, entonces yo presumo que sí es verdad que hubo estupefacientes. Pero ese cargamento que salía de México pudo haber sido detectado a través de las unidades de investigación patrimonial que hoy no existen en los estados. Por lo tanto, repito, un enorme flujo de ilícitos y de delitos patrimoniales pasan por debajo del radar de los gobiernos estatales. Y conste que no estoy asumiendo corrupción. Estoy asumiendo que, aun con su mejor voluntad, los gobernadores no pueden detectar estas operaciones.

Necesitan más mecanismos.

Necesitan ese mecanismo institucional. Claro que es difícil para ellos aceptar una cosa así, porque tienen miedo de que esas mismas unidades sean utilizadas políticamente en su contra, pero hay que ser valientes. Cuando los fundadores de México llegaban a los grandes pactos políticos, como los que abrieron paso a la Constitución de 1917, durante la Revolución, no andaban con vueltas: tomaban decisiones valientes. Sabían que había riesgos, pero lo hacían con una visión no solamente para los siguientes 5 o 6 años, sino pensando en las generaciones que iban a venir después.

Esta mentalidad de estadista aún no la vemos presente en Los Pinos. Se necesitan más acciones específicas, como éstas que he manifestado, para evitar que más aviones cargados con drogas sean derribados o interceptados por países hermanos.