Los adictos a Andrés Manuel López Obrador insisten en cerrar pinzas contra el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Los mismos de siempre, vándalos a sueldo, escondidos en el anonimato de una capucha o en el disfraz de activistas sociales, fueron contratados para protestar contra el alza a las tarifas del Metro.

Después de tanto aparecer en escena y de responder al mismo guión, repitieron en días pasados la estrategia de sobra conocida: generar violencia para deslegitimizar a la autoridad en sus decisiones de gobierno.

Contratados por las agrupaciones más radicales del PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por López Obrador y afines a Marcelo Ebrard, operan con el espíritu de cualquier mercenario: su interés no está en la defensa de causas sociales o políticas sino en el dinero que van a recibir, a cambio de provocar un impacto mediático que descalifique y debilite a los adversarios de sus patrones.

En un documento recientemente publicado por El Universal, el gobierno de la ciudad revela que detrás de las movilizaciones contra el alza a la tarifa del Metro se encuentran seis dirigentes ligados a tres organizaciones radicales de izquierda, asesoradas por brasileños expertos en protestas.

En el informe se menciona, por ejemplo, a un joven de nombre Jesse Alejandro quien, según su expediente, escaló la Estela de Luz en una marcha del Yo Soy 132. Pero también a quienes han estado ligados a Martí Batres, actual presidente de Morena, y al consabido Ebrard, y que han participado, si no es que liderado, las acciones más violentas contra la ciudad el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de septiembre de 2013 para protestar contra la llegada al poder de Enrique Peña Nieto y apoyar las manifestaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa.

Los más enconados adversarios de Mancera se encuentran en su propia casa. Es decir, incrustados, chantajeando y extorsionando su gobierno. Tribus, grupos, organizaciones de todo tipo, producto del andamiaje corporativista construido desde que el PRD llegó al gobierno de la capital en 1997, y que hoy están decididos a todo, incluso a tirar al propio Macera, para no perder las multimillonarias canonjías que han acumulado a lo largo del tiempo.

Los análisis periodísticos, claramente inducidos, acusan al jefe de Gobierno de estar lejos de la izquierda que lo postuló; de estar hoy más cercano a la centro derecha por razones que no se precisan, pero que se adivinan.

Para su detractores, ser de derecha significa haber asumido una actitud responsable y de abierta colaboración con el presidente Peña Nieto, militante de un partido que no es, obviamente, el de López Obrador. Así como impulsar la reglamentación de las marchas, plantones y movilizaciones, lo que pone el peligro la industria de la protesta que tanto dinero y clientela política asegura a las tribus. Y, sin duda, por haber promovido el alza al Metro.

Un reclamo que responde a la misma tesis de quienes satanizan la apertura del sector petrolero a la iniciativa privada. Es decir, al inmovilismo, a una economía de subsidios que termina por ahorcar las finanzas y atenta contra la calidad y la seguridad que deben recibir los usuarios.

Pero los reclamos al aumento a la tarifa del Metro, el show mediático donde una serie de ¿saltadores o asaltadores? de torniquetes fueron premeditadamente tomados por las cámaras para denunciar un supuesto atentado contra la economía popular, tenían un fin único: debilitar políticamente al jefe de Gobierno.

Dicen sus críticos que “Mancera desilusionó a los electores y a los liderazgos que lo apoyaron para ganar”. Paradójicamente en eso puede resultar el éxito de un gobernante que parece estar dispuesto a romper los grilletes impuestos por el autoritarismo y la corrupción de la izquierda a los habitantes del Distrito Federal.