Moisés Castillo
Los más de 70 años en el poder del PRI es una de las grandes aportaciones de México para el mundo. ¿Cómo un partido duró tanto en el poder? Hasta los mismísimos rusos (ex la URSS) estaban sorprendidos del sistema político mexicano, dominado hasta hace tres lustros por el priismo. Los gobiernos priistas se decían democráticos, ya que garantizaban la estabilidad política-social sin la tentación de dictaduras militares.
La corrupción como la mejor práctica del antiguo régimen para comprar voluntades. Basta recordar esa peculiar frase del general Álvaro Obregón “nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”. Los casos del llamado “diezmo” o “moche” que imponen legisladores a alcaldes para otorgar recursos públicos, no hacen más que remontarnos a “el pase de charola” que realizó el entonces presidente Carlos Salinas en la casa de Antonio Ortiz Mena para fortalecer la campaña presidencial del PRI de 1994. Un selecto grupo de empresarios acudieron a la cena realizada en febrero de 1993. La cuota fue de 25 millones de dólares por cada uno de los 30 hombres de negocios.
La corrupción es parte del ADN de la política mexicana y es uno de los grandes males que nos aquejan como país. Según Transparencia Internacional, México se encuentra en la posición 106 de 177 a nivel mundial.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, explica por qué el país se encuentra al fondo de naciones con economías en desarrollo.
“México cuenta con una serie de acciones no articuladas que hacen muy difícil una lucha eficaz contra la corrupción. Una de las herramientas para emprender este combate es la transparencia. Si ese nuevo IFAI no se conecta con una buena Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación, los congresos locales, organismos de control y un tribunal especializado con mejores jueces, lo que tenemos es un destello, no un Sistema Nacional de Integridad”.
La corrupción le cuesta a los mexicanos mil 500 millones de pesos, un 10 por ciento del Producto Interno Bruto, así lo estimó el año pasado el Consejo Coordinador Empresarial. Las empresa mexicanas destinan una cifra similar de sus ingresos para poder operar.
Para el analista político, Eduardo Huchim, la “mochada” que han denunciado algunos presidentes municipales es un problema que nos debe indignar a todos.
“Habrá una reforma energética pero, ¿para qué? ¿Por qué quiere el gobierno más dinero? Para pagarle bonos a los legisladores, para pagar aguinaldos de 600 mil o 800 mil pesos que no tienen justificación. Por eso estamos viendo brotes de violencia que pareciera que el gobierno no les está dando la importancia debida. Se tiene que ir contra los diezmos, contra los desvíos de fondos, contra toda ese mar de corrupción que amenaza con ahogarnos”.
¿Cómo debemos interpretar estos actos como el “diezmo” o el “moche”?
El entorno que prevalece es de una corrupción generalizada en el sector público, este es uno de los aspectos que vienen ocurriendo desde tiempo atrás y que ahora han aflorado, principalmente, desde que el alcalde de Santa Ana Maya hizo una protesta en el Senado y denunció que eran sujetos de la extorsión del crimen organizado. También dio a conocer que había injusticias con ellos en relación con la entrega de recursos públicos para su actividad. Sabemos que los municipios son la célula de la estructura política del país y generalmente siempre están urgidos de recursos, los que llegan son insuficientes. Ahora resulta que no solamente los alcaldes son sujetos de la extorsión del crimen organizado sino de esta otra clase de delincuentes de “cuello blanco” que son legisladores: para hacerles llegar esos recursos les piden una participación o la contratación de obra pública con las empresas que ellos decidan. Al principio fue muy señalado el diputado Luis Alberto Villarreal, Coordinador del PAN en San Lázaro, pero se ha profundizado la investigación y se ha conocido otra serie de hechos semejantes, lo cual refleja hasta dónde ha calado esta lamentable corrupción que atraviesa transversalmente a todo el sector público. Hay que decir que en esta corrupción participa el sector privado que frecuentemente es cómplice de este cáncer que padece el país.
Dice Jorge Castañeda que no hay que “escandalizarnos”…
Tengo una opinión distinta: hay que escandalizarse. No debemos perder la capacidad de asombrarnos y de indignarnos ante este tipo de cosas que en el caso del alcalde de Santa Ana Maya tuvo un final dramático. Recordemos que fue asesinado, siendo que fue un médico muy reconocido que ayudaba a la población, daba consultas gratuitas, le daba servicios sin cobrar o poco. Hay que indignarse por ese tipo de acciones porque representa un desvío de recursos públicos, un apoderamiento de los recursos públicos de una manera ilegal por parte de los legisladores, de otros funcionarios y de una privatización del dinero público. Creo que hay que mantener la capacidad de indignación y aumentar el marco de exigencia frente al Estado mexicano que “ve y deja pasar”. No hay una acción efectiva que combata a la corrupción.
¿Se debe legislar estas partidas discrecionales que tienen los legisladores? Se habla de 10 y 20 millones de pesos por legislador.
Hay un Fondo de Pavimentación que trata de ayudar a los ayuntamientos. Esta asignación y hacer llegar los recursos no es tarea del Poder Legislativo, no tienen los legisladores nada qué hacer en el manejo directo del dinero, en la gestión por supuesto que sí, pero en la asignación directa no tienen por qué participar. Eso le corresponde a la estructura hacendaria del país. No se debe legislar nada, con la normatividad que existe es suficiente. Lo que hace falta es aplicar las leyes. El problema de este país es que no se aplican las leyes. Por eso hay la impunidad en los delitos y la corrupción se multiplica. Lo que hay que exigir al Poder Ejecutivo, y a la PGR es que actúen. Recordemos casos muy relevantes: Tomas Yarrington. Él tiene un proceso abierto en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, y aquí qué pasa. Si hay voluntad de actuar con rigor contra la corrupción los medios legales de defensa tienen que cumplirse, pero tendiendo como meta la detención y el debido proceso contra los individuos que incurren en conductas ilícitas. El problema es que no hay esa decisión del Estado mexicano de combatir la corrupción. Hay muchos expedientes abiertos que no concluyen en el procesamiento de los indiciados y en vez de esto tenemos la laxitud de la justicia mexicana. Por eso vemos que alguien como Caro Quintero queda en libertad, o alguien como Raúl Salinas ve liberado sus recursos. Es un estado de impunidad que debe terminar.
Son viejas prácticas, a pesar de los avances democráticos…
En efecto. El avance democrático del país no ha sido acompañado de un efectivo combate a la corrupción. Instaría en que no es un asunto de leyes o crear una Comisión Anticorrupción, es un asunto de aplicar la ley, de mandar mensajes como el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, pero ahí se quedo. Lo que estamos viendo es que la maestra les está ganando rounds legales porque se trata de un proceso no articulado, no debidamente integrado. Lo lamentable es que de parte del presidente Peña Nieto, que tendría que ser el principal impulsor de este combate real anticorrupción, no se ven señales de que realmente va en serio contra todos. Vemos casos escandalosos de corrupción en el sindicalismo como el de Carlos Romero Deschamps y ahí sigue el dispendio que son recursos de la nación.
¿Cómo terminar con este círculo vicioso? ¿Por qué no denuncian los alcaldes estos actos ilegales?
Los alcaldes no denuncian porque temen que al siguiente ejercicio presupuestario se queden sin recursos, y las autoridades dicen que no actúan porque no hay denuncias. Hay que romper ese círculo y le corresponde a la PGR. Los alcaldes están por una parte en zonas amplias del país sujetos a la extorsión del crimen organizado. En consecuencia, es la parte más débil de esta trama de corrupción. Hay indicios, se han dado nombres, la corrupción no tiene color partidario, pero se han señalado hechos concretos. Me pregunto, ¿qué han hecho las autoridades, están esperando que lleguen las denuncias formales? Por ese camino no vamos avanzar. Creo que hay que actuar desde la parte que tiene mayor poder.
Ante esta coyuntura, ¿le viene bien a la clase política esta reforma política? Sobre todo en el caso de reelección de alcaldes-legisladores.
El periodo que tienen los alcaldes son de tres años y es frecuentemente insuficiente. Parece más virtuoso que desventajoso la posibilidad de la reelección. En esta reforma política hay contrahechuras lamentables, pareciera que le ponen un traspié al situar candados que pueden desnaturalizar los principales beneficios de la reforma. El caso de la reelección es un ejemplo. Se dice reelección sí pero tiene que ser conforme a la elección original: un legislador o alcalde debe ser postulado por el mismo partido, si es una candidatura independiente debe buscar la reelección por el mismo camino. Puede ser postulado por un partido, pero siempre que el candidato renuncie a la mitad de su ejercicio a su militancia partidista que originalmente lo postuló, un poco barroco, ¿no? Por qué ponerle candados a algo que puede ser virtuoso. Aunque no hay que desconocer las partes positivas que tiene esta reforma político-electoral en su conjunto, lo que tiene que ver con órganos electorales es una reforma lamentable.