CONSULTORÍA ECONÓMICA
¿Alcanzará y quién la pagará?
Julio A. Millán B.
Cuando el Ejecutivo federal presentó las iniciativas que integraban la reforma hacendaria, se dijo que era una reforma con un importante contenido social, porque además de elevar los impuestos a los contribuyentes con mayores ingresos y no imponer el IVA a los alimentos y medicinas, venía acompañada por la iniciativa del sistema de seguridad social universal, lo que nos llevó a calificarla de una “reforma a la Robin Hood”.
Respecto del sistema de seguridad social universal, de acuerdo con la propia iniciativa, éste tiene como objetivo fortalecer el sistema de seguridad social, garantizando a los mexicanos mecanismos de protección que les permitan contar con un nivel de vida digno y puedan cubrir sus necesidades durante la vejez o ante la eventualidad del desempleo. En un amplio espectro el sistema también incluye, en el mediano y largo plazos un seguro de vida y la atención médica, con cobertura universal.
El sistema ha hecho necesarias modificaciones a los artículos 4, 73 y 123 constitucionales. El artículo 4 establece la obligación del Estado mexicano de garantizar una pensión a las personas mayores de 65 años a partir de 2014. Los programas, apoyos y pensiones alimentarias que ya otorgan algunas entidades federativas continuarán, por lo que el nuevo sistema es una extensión de los actuales esquemas como el propio de adultos mayores que ya otorga la Sedesol. De igual forma, los pensionados de los sistemas de seguridad social como IMSS e ISSSTE son excluyentes.
El proyecto propone que el monto de la pensión universal alcance los $1,092 pesos mensuales a más tardar en 2015, actualizándose anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Así, la pensión comenzará con un monto de $525 pesos mensuales tanto para los afiliados al Programa “65 y Más” de Sedesol, quienes se quedarán en ese programa hasta que sobreviva el último registrado en 2013 (unos 3.8 millones de personas), para lo que se destinarán anualmente y de manera decreciente 20 mil millones de pesos. Ello implica que el nuevo programa empezará con los adultos que sean mayores de 65 años a partir de 2014 y será obligación del gobierno federal obtener los recursos necesarios para financiarlo.
Para ello se establece que en el Presupuesto de Egresos de cada año deberán preverse, de manera específica, las erogaciones necesarias según el cálculo que efectúe la Secretaría de Hacienda con base en la información proporcionada por el Registro Nacional de Población, el IMSS y el ISSSTE, ya que son excluyentes. Las que sí se pueden traslapar son las pensiones estatales, caso por ejemplo la de adultos mayores en el Distrito Federal, por disposición propia del Congreso, lo que claramente tiene un contenido electoral. Sin embargo, ello sin duda genera incentivos perversos, amén de sobrecargar el costo fiscal del sistema ya que las entidades destinan a las pensiones los recursos que reciben de la Federación o de deuda.