Moisés Castillo

Ygnacio López Mendoza fue extorsionado no sólo por el crimen organizado sino también por legisladores que le impusieron el “moche”. Por ello, el entonces alcalde de Santa Ana Maya no tuvo otra opción que estar en “huelga de hambre” para denunciar una doble problemática: en municipios de Michoacán se exigen cuotas hasta por las obras públicas que construyen y desde el Congreso se impone el “diezmo” para que bajen los recursos públicos a los ayuntamientos.

López Mendoza fue encontrado sin vida el pasado 6 de noviembre. Hasta ahora las investigaciones siguen estancadas y el crimen sigue impune. ¿Cómo revalorizar y fortalecer a los municipios?

Ante esta polémica del “moche”, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, minimizó el asunto y dijo que son “chismes de chismosos”.

“Hay dos cosas categóricas que deben de especificarse: la primera que no me gustan los chismes, ni los chismosos; segunda, los diputados, los legisladores, no pueden asignar, ni tan siquiera licitar una obra pública, tradicionalmente y porque es su atribución, como facultad especifica, aprueban presupuestos para la federación, para los estados y para municipios; los únicos que pueden asignar y pueden licitar obras son los municipios, los estados y la federación, todo lo demás son chismes y chismosos”.

Sin embargo, Ricardo Baptista, Director Ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, precisa que no sólo es un inconveniente del Poder Legislativo sino también de funcionarios federales.

“Ningún gobierno municipal nos autoriza decir los casos. Pero es un problema real, que está en todos los partidos e inclusive a las asociaciones nos visitan gestores. No es un problema del legislativo nada más, en las alcaldías desfilan personeros que van de parte de secretarías del gobierno federal, o de Hacienda, de la Sedesol. Son consultores que dicen que van en nombre de algún funcionario y ofrecen los recursos. Inclusive, llegan a ofrecer créditos de algunas instituciones, recursos de Pemex. Nos ofrecen que seamos conducto para dar recursos a los municipios, siempre y cuando haya una comisión”.

“Moche”, “diezmo”, ¿cómo leer este tipo de decisiones que se toman en el Congreso de la Unión?

Es una mala señal para el ciudadano. Es obvio que uno de los grandes problemas del país es la corrupción en todos los órdenes de gobierno, pero sobre todo la impunidad. Es un país donde no pasa nada. Por eso los índices de baja aceptación de políticos y gobernantes. Cuando los ciudadanos se enteran de estas noticias pues es evidente que por eso no tienen confianza hacia la clase política, esto daña a la democracia. Este país requiere transformaciones. Tenemos un legislativo donde se crean leyes anticorrupción o contra la impunidad, pero no existe el impacto que se desea. Lo más lamentable es que la cuestión presupuestal es un problema que existe, no es de ahora. Es un problema añejo, es un mal endémico del sistema. Creo que es una mala señal que lo políticos le dan a los ciudadanos.

¿Qué casos específicos de corrupción tiene conocimiento la AALMAC?

Como sabes, las asociaciones representamos a partidos y tenemos un organismo que nos agrupa que es la Conferencia Nacional de Municipios de México e intercambiamos información de las problemáticas. Los propios alcaldes en las diversas asociaciones nos lo plantean casos, señalan a líderes partidistas. Pero difícilmente ellos harán denuncias, no tienen la confianza para denunciar estos ilícitos. Quienes le entran, menos lo van a decir. Saben que hay una merma en las posibilidades de tener los recursos aplicables a una obra cuando ya no se opera el 100 por ciento del recurso. Entonces, también son cómplices porque aceptan estas acciones.

¿Cuántos alcaldes agrupa la AALMAC y cuántos presidentes municipales están involucrados en el “moche” o “diezmo”?

Tenemos 330 gobiernos municipales. Puedo decirte que casos conocidos por nosotros en el último año son 20 casos. De esos, la mitad sí le han entrado a las protestas de conseguir recursos a cambio de una comisión. Son casos que conocemos.

Como el caso de la diputada federal perredista Roxana Luna que presuntamente pide comisión a alcaldes de Domingo Arenas e Izúcar de Matamoros…

Es un estado que no gobernamos, a quien le estalló el problema es a los panistas. De esos casos no tengo información. En el sexenio pasado sí había personeros de las propias dependencias federales que se encontraban con alcaldes y les acercaban las constructoras, consultores, y con ellos se iba a conseguir el caminito más accesible para obtener los recursos. Fui presidente municipal hace 13 años y se nos acercaba esa gente y nos ofrecían recursos. Lo que hice fue no entrar al “diezmo”. Decía “lo que me quieras dar, gástalo en materiales para la obra, amplía las metas”. Nos ahorramos eso y se consiguieron las metas de X obra. No dudo que hay alcaldes que piden su comisión, eso lo sabemos. Pero no nada más es de allá para acá, sino de aquí para allá. Por eso los constructores ofrecen recursos al alcalde. El problema es de muchos años. Se rompió porque desde el sexenio pasado se comenzaron a exigir porcentajes del 10, 20 y hasta el 40 por ciento. Este problema no nació en la Cámara de Diputados, lo que pasa es que ahí se han evidenciado casos actuales como el de Acción Nacional.

Digamos que irremediablemente tuvo que entrarle al juego…

Fui alcalde por Tula, Hidalgo, de 1997-2000, y había esos ofrecimientos de las constructoras. Por ejemplo, darle servicios a los ayuntamientos. Iba de por medio el ofrecimiento. Soy parte de una generación de alcaldes de la alternancia, todavía no se metía tanto dinero para comprar elecciones, y esto nos permitió ser una alternativa real y traíamos un fuerte compromiso anticorrupción. En nuestro caso, siempre dijimos “me estás ofreciendo el 10 por ciento, cámbialo por cemento, material de construcción y aplícalo a la obra para que haya mejores resultados. De mil metros de pavimento, hacíamos mil 200”. Esto siempre ha existido. En 2000, mucha gente con tantos años de experiencia que trabaja en el gobierno federal del PRI fueron los primeros que montaron sus despachos y consultoras ofreciendo el camino rápido para bajar recursos. Después en el curso de estos 12 años también surgieron este tipos de oficinas.

¿Podemos decir que el ex alcalde de Santa Ana Maya sufrió una “doble extorsión”?

Lamentablemente es algo que él padeció y denunció en su momento. Cuando hizo la huelga ya no quiso hablar de los problemas que había tenido por el derecho de piso, de que pagaba cuota como muchos alcaldes de Michoacán. Pero también sufría por la carencia de recursos. El motivo de su huelga en el DF nunca fue pretendiendo pelearse con la delincuencia organizada o señalar esta problemática. Hay municipios de 50 mil habitantes que no tienen las capacidades de las grandes ciudades y que los recursos no bajan. Además están ahogados en deudas. Él vino a reivindicar esto y también señaló que existía el coyotaje. Él planteó, por primera vez, que se iría a huelga de hambre, en mayo. Le pidió a nuestra presidenta Leticia Quesada plantear el coyotaje ante Peña Nieto. Atender esta situación del coyotaje que iba incrementando. Él era de muchos alcaldes que decían y, ¿qué hago? Tengo un presupuesto raquítico y me quedan pocos millones para hacer obra al año, me ofrecen 20 millones y tengo que entrarle.

¿Cómo acabar con este grave problema?

Lo que se aprobó en la reforma política, en lo que corresponde a los municipios, es muy light. Se autoriza la reelección, muy acotada, se lo dejan a los gobiernos de los estados, a los congresos estatales. Nosotros venimos planteando desde hace 12 años, en la Conferencia Nacional de Municipios de México, una reforma municipal de mayor fondo. Y que tiene que ver primero con darle más atribuciones y competencias para recaudar, que no se dependa tanto del gobierno federal. Necesitamos que en vez de debilitar al municipio se le fortalezca y esto implica una reforma integral municipal: transferencias y presupuestos federales a los municipios que lleven candados, la ley anticorrupción y la Comisión anticorrupción nunca han planteado que serán severos en el mal manejo de los recurso públicos. Tienen que bajar los recursos públicos, fortalecernos técnicamente. ¿Por qué las consultoras le entran? Porque los municipios no tienen capacidades técnicas para hacer proyectos productivos, normalmente ese es el campo de acción donde se meten ellos. Ya tienen acuerdos previos con las instancias federales. Necesitamos fortalecer técnicamente a los municipios, no sólo en el aspecto financiero.