La Unidad de Fiscalización del IFE emitirá a fines de abril un “informe especial” sobre la legalidad del origen y destino de los recursos reportados por las organizaciones que aspiran a convertirse en nuevos partidos políticos.

Aunque la fiscalización de los recursos de las organizaciones que aspiran al registro como partidos ya está prevista en la ley, el IFE ordenó a la Unidad de Fiscalización le entregue un informen en abril, pero con corte a enero, antes de dictaminar si procede o no el otorgamiento del registro, decisión que podría ser tomada antes de agosto de 2014.

Las organizaciones que buscan su registro deben entregar contratos ingresos obtenidos por créditos, gastos efectuados, reporte de intereses y comisiones; estados de cuenta bancarios; controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie, así como sus inventarios físicos de bienes.

De acuerdo al proyecto avalado este lunes, la Comisión de Prerrogativa y Partidos Políticos del Instituto, debe contar con información sobre el cumplimiento de los requisitos.

Eso hace necesario que la Unidad de Fiscalización se pronuncie sobre cumplimiento de las obligaciones en materia de financiamiento y gasto.

Por su parte el consejero presidente de la Comisión, Lorenzo Córdova, detallo que con el acuerdo aprobado no se crea una carga adicional a las organizaciones.

Ese informe tampoco implicará una doble fiscalización, sino que tiene el propósito de presentar el estado de revisión de los informes por parte de la propia Unidad de Fiscalización.

Están en curso dos procesos y llegará el momento de convergencia: por un lado, el proceso de verificación y validación del cumplimiento de los requisitos de quienes solicitan registro como partidos políticos y por otro la auditoría contable que deberá realizar de todas formas la Unidad de Fiscalización u que concluirá con el dictamen consolidado.

Detalló que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no es claro sobre hasta cuándo las organizaciones solicitantes de registro tienen la obligación de entregar informes de sus gastos.

Lo antes mencionado implicará que aunque enero concluya la entrega de documentación y solicitud de constitución como partido político, deberán entregar aún informes de febrero, marzo y subsecuentes.

Explicó el único documento que puede tener efectos jurídicos, es el dictamen consolidado que se presentará en su momento, y servirá para que la Comisión de Prerrogativas, convertida en Comisión examinadora cuente con toda la información para elaborar su proyecto de resolución sobre la procedencia de los registros de los nuevos partidos.