Entrevista a Alberto Begné Guerra/Socio consultor de Consultiva

 

Antonio Cerda Ardura

 

El Senado de la República aprobó esta semana la reforma en materia político electoral, la cual plantea, entre otros puntos: la posibilidad de que el presidente entable un gobierno de coalición; la reelección de diputados, senadores y alcaldes; la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE); la anulación de una elección cuando se rebase el tope de gastos de campaña; el aumento del porcentaje de votos que un partido deberá obtener para conservar el registro; la conversión de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General, y la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Al  cierre de esta edición (5 de diciembre), la reforma se hallaba sujeta al análisis y la aprobación de la Cámara de Diputados.

Entrevistado por Siempre!, Alberto Begné Guerra, socio consultor de la firma Consultiva, indica que probablemente el tema más importante de la reforma es la posibilidad constitucional de que se formen coaliciones para gobernar, ya que esto flexibiliza el sistema presidencial y le permite al jefe del Ejecutivo, cuando no tenga mayoría de su partido en el Congreso, contar con todo el respaldo constitucional para integrar una alianza con la cual pueda gobernar.

El exdirector de Educación Cívica y Electoral del IFE, exsecretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y exasesor del Gabinete de Política Exterior de la Presidencia de la República indica que, con la posibilidad de la reelección, hay que cuidar que los poderes fácticos no conviertan en sus representantes a los legisladores y los presidentes municipales.

Estos cambios, resume Alberto Begné Guerra, posibilitan una mayor gobernabilidad sin suprimir la pluralidad.

 

Reforma de tercera generación

¿Responde la reforma política a las expectativas que se plantearon?

Es importante destacar, antes que nada, que el proceso de transición y consolidación de la democracia en México ha sido producto de una serie de reformas que, de manera gradual, han ido creando las normas y las instituciones para el ejercicio de la pluralidad y la alternancia en el poder público. Lo primero que se tuvo que resolver en el país fue garantizar que el voto fuera libre, secreto, legal, y que hubiese después una competencia lo más equitativa posible. Así que estos cambios constitucionales suponen una reforma de tercera generación. Aunque faltan todavía componentes del aspecto electoral, con esta reforma se apunta más a ello y también ya no tanto a la formación o a la integración de los poderes públicos, sino al ejercicio del poder público.

En ese sentido, destaca la posibilidad constitucional de que se formen coaliciones para gobernar. Es decir: esto flexibiliza el sistema presidencial, ya que permite que si un presidente gana, llega al poder y no tiene mayoría de su partido en el Congreso, él pueda, de manera pública, transparente, formal y con todo el respaldo constitucional, integrar una coalición que trabaje con base en una agenda de gobierno. En un sentido, eso es lo que se ha procurado ahora, de manera informal, a través del Pacto por México.

Ya oímos las opiniones de los consejeros del IFE sobre el riesgo electoral que implica la conversión de ese organismo en el INE. Hay quienes piensan que los consejeros están en realidad defendiendo sus puestos, sus chambas. ¿Qué significa esta transformación?

La propuesta de crear un organismo nacional electoral en realidad no es nueva: se ha planteado en distintos momentos y hay dos argumentos relevantes para respaldar esta parte de la reforma. El primero es evitar que los gobernadores puedan tener injerencia o una intervención indebida en los organismos electorales locales. Esto ha ocurrido y es algo real, no una ficción.

La segunda razón que originalmente se planteó fue economizar recursos públicos. Sin embargo, la reforma se está quedando a medias, porque, en todo caso, para atender bien estos dos aspectos, se debía haber planteado la creación del INE y la desaparición de los organismos electorales locales, lo cual no se está haciendo.

Y le menciono un dato de términos presupuestales: sin contar otros conceptos de gastos, sino simplemente el de los recursos humanos, en el Capítulo 1000 del gasto la duplicidad de esfuerzos y funciones entre el IFE y los organismos electorales de los estados representa 5 mil millones de pesos al año. ¡No tiene sentido! Carece de utilidad que los organismos electorales estén parados sin actividad buena parte del tiempo, fuera de los procesos de elecciones. Así que con esa doble estructura: la de las Juntas Locales y Distritales del IFE y la de los organismos electorales locales, esto no se está resolviendo.

Con la reforma, por un lado se avanza en evitar que los gobernadores tengan injerencia en los procesos electorales locales, ya que se prevé que si no hay garantías de un proceso imparcial, por la posible distorsión de la función en un organismo electoral local, pueda ser el INE quien se haga cargo de la elección. En esa parte, creo que se atiende mejor la argumentación. Pero en la parte del ahorro, de la economía de recursos públicos, no se está atendiendo a cabalidad.

Hay quienes piensan que la reelección de legisladores y alcaldes va a propiciar enquistamientos de poderes, pero también hay quienes creen que esto hace bien a la transparencia.

La reelección siempre es polémica. Tiene sus partes positivas, pero también sus riesgos. Quizá la reelección puede incentivar y contribuir a una mejor rendición de cuentas, porque un legislador o un presidente municipal que hacen bien su trabajo pueden tranquilamente acudir de nuevo ante los electores para solicitar que le ratifiquen su voto. En ese sentido, creo que estamos incentivando un mejor desempeño, y también, como usted dice, un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas.

¿Cuál es el riesgo de las reelecciones? Tal vez el lugar donde de manera más visible se ven las distorsiones de la reelección consecutiva, de la inmediata y de la indefinida, que en México no sería el caso, es en Estados Unidos. Allá llega a ocurrir que un representante o un senador acaba siendo el personero de un grupo, que lo mantiene ahí como su vocero y su defensor de intereses. Ahí es cuando deja de ser el representante de la ciudadanía y del interés general. Si no se garantiza que se eviten estas relaciones entre grupos de interés y los legisladores, se puede dar esa distorsión.

¿Y nos podría pasar lo mismo?

Existe el riesgo y, al mismo tiempo, también la posibilidad de que se haga un mejor ejercicio de rendición de cuentas. Es por eso que debemos evitar que los llamados poderes fácticos, los grandes grupos de intereses privados o sindicales, tengan la posibilidad de hacer de los legisladores y los presidentes municipales los representantes de sus intereses.

 

Límites a gobernadores

En esto que usted ha analizado, parece destacar un común denominador: que quizás la reforma frena la intervención de los gobernadores en los procesos electorales. ¿Esto es correcto?

Sí. En cuanto a la creación del INE, sí se limitan los márgenes de influencia, presión y maniobra de un gobernador sobre las autoridades electorales locales.

Cuando el IFE adquirió plena autonomía, en 1996, y yo llegué ahí como director ejecutivo, con el maestro José Woldenberg, una de las primeras cosas que hicimos fue firmar un convenio con todos los gobernadores para que dejaran de dar los apoyos que otorgaban de manera informal a los vocales de ese órgano en los estados. Los gobernadores eran muy generosos y de pronto les daban a los representantes del IFE el edificio más moderno, sin que tuvieran que pagar renta, o les cedían cinco Suburban para el uso del vocal y los funcionarios. Sin embargo, éstas no dejaban de ser formas de injerencia y factores que generaban un vínculo que podría significar pérdida de autonomía e independencia de los funcionarios electorales. Eso se rompió en 1996, de manera tajante, y desde entonces no hay gobernador que haya podido incidir sobre los vocales del IFE. Creo que en ese punto sí se ha avanzado en forma significativa y con el tema de la reelección también se les pone un límite a los gobernadores. Tendrán ahora menos margen para colocar o promover sus cuadros locales a cargos de elección popular.

 

Mayor fiscalización

Un tema muy polémico que se toca en cada elección, particularmente en la presidencial, es la cuestión de los topes de gastos de las campañas políticas. ¿Qué tan efectiva será la anulación de la elección si un candidato rebasa el límite?

Es un tema muy importante, porque de manera sistemática se siguen violando los topes de gastos de campaña. Hay muchos gastos que los partidos no reportan, que no han sido o son difíciles de fiscalizar, y que en muchas ocasiones representan cantidades superiores al financiamiento público que se recibe. Hagamos un simple ejercicio matemático: sólo el día de la jornada electoral, los gastos para cada representante de casilla, por ejemplo, pueden ser de unos 500 pesos, si estos toman un taxi de ida y vuelta y se les pagan los alimentos. Si tenemos 140 mil casillas, resulta que ese día se gastan 70 millones de pesos. Si multiplicamos eso por tres meses hacia atrás, resulta en una gran cantidad de recursos que nunca son reportados. Yo mismo padecí eso como presidente de un partido independiente y pequeño, el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, para el que era literalmente imposible una competencia equitativa con los otros partidos, por los recursos que nunca reportaban a las autoridades electorales.

Entonces, para que esta medida funcione y se eviten los flujos de recursos ilícitos a las campañas, se requiere, sobre todo, fortalecer todos los mecanismos de fiscalización de las autoridades electorales, de tal forma que se puedan detectar esos flujos de recursos ilícitos, o bien, que aun siendo lícitos, rebasen los topes de gastos de campaña.

Hablando de equidad, como usted dice, hay un tema que para algunos resulta interesante, que es el financiamiento público a los candidatos independientes. ¿Qué tan convenientes son esas candidaturas?

Yo tengo mis dudas respecto a las candidaturas independientes. En un sentido, como decía alguna vez el maestro José Woldenberg, son “una trampa conceptual”. ¿Por qué? Porque un candidato independiente es un ciudadano que, al igual que el abanderado de un partido, tiene aspiraciones de formar parte y de ejercer el poder público. También tiene una propuesta ideológica o programática, como cualquier partido político. Y luego va a ejercer recursos. ¿Por qué? Porque se requiere dinero para hacer una campaña. La pregunta, entonces, es: ¿No sería mejor que se hiciera una ley que regulara la vida interna de los partidos para abrir cauces, a través de esos mismos organismos políticos, a ciudadanos que tienen liderazgos y representatividad, en lugar de crear esa figura que representa una especie de minipartidito, pero sin las responsabilidades que un auténtico partido debe tener?

Hay otros puntos de la reforma, como la sustitución de la PGR y el gobierno de coalición al que puede optar el presidente de la república. ¿Cuál le parecería el tema toral que habría que resaltar?

A mí me parece muy importante la creación del INE, aunque creo que se quedó a la mitad, porque no resuelve la exigencia de racionalizar o disminuir el gasto electoral en México, y la reelección consecutiva. Pero para mí lo más trascendente es la posibilidad de la formación de gobiernos de coalición, porque eso genera e incorpora un componente parlamentario dentro de un sistema presidencial, que ha sido muy rígido y que ha hecho difícil la gobernabilidad en el marco de la pluralidad. Creo que esto es una solución adecuada para ello.

En general, ¿qué concluiría sobre la reforma político electoral?

Creo que no es la reforma perfecta, pero sí es una reforma de tercera generación porque incorpora componentes que van más allá de lo electoral y que pueden facilitar mayor gobernabilidad sin suprimir la pluralidad. Ésa era una tentación que había cuando se planteaba volver a meter la cláusula de mayoría para que un partido recibiera más diputados, de manera que se convirtiera en el bloque más grande aunque no hubiera alcanzado la votación. ¡Era absurdo! La segunda vuelta también era un absurdo, no sirve. Pero, en general, hay avances importantes con esta reforma.