El diezmo político
¡Móchate!
Ni la “renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid ni los “peces gordos” que prometió Vicente Fox pudieron revertir la enfermedad crónica de México: la corrupción. El llamado “moche” o “diezmo” es una de las leyes no escritas del sistema político mexicano. La sumisión y el chantaje como forma de vida de la burocracia. Se sabe quiénes son esos funcionarios o legisladores que exigen una partida para “liberar” recursos, pero la impunidad sigue ganando la batalla. ¿Importa que México sea uno de los países más corruptos del mundo como lo reporta Transparencia Internacional?
Moisés Castillo
El escritor Gabriel Zaid asegura que la corrupción no es una plaga del sistema político mexicano, es el sistema. Y recientemente hemos sido testigos de actos inmorales e ilegales de legisladores que exigen “moche” a alcaldes para “bajar” recursos federales y aplicarlos en obras públicas. Es decir, una especie de extorsión institucionalizada en el Congreso de la Unión: nadie puede hacer nada sin el permiso del senador o diputado.
En las últimas semanas, el periódico Reforma publicó una serie de notas que involucran a legisladores del los tres principales partidos políticos con el cobro de “moche” para asignar presupuesto a municipios y que, además, imponen a empresarios de la construcción para que realicen la obra programada. Tal es el caso del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreral, quien es señalado por alcaldes de Nuevo León y Guanajuato. Dicen que cuando el río suena, es que agua lleva. Y pareciera que ni la Cámara de Diputados ni la PGR están interesados en deslindar responsabilidades.
Ante esta polémica, el panista se defendió y prometió impulsar la creación de un ramo con recursos federales para fortalecer la infraestructura de los municipios.
“Niego categóricamente las imputaciones que se hacen sobre mi persona. La extorsión es un delito; esta imputación anónima es grave, falsa y lamentable… Estoy cierto que vamos a evitar cualquier suspicacia, pero sobre todo, podremos atender a los 2 mil 500 municipios de este país de manera más justa y equitativa, y los blindaremos para que, independientemente del color de sus siglas, puedan atender al México de todos”.
Sin embargo, en los pasillos del panismo legislativo se conoce el “modus operandi” de algunos diputados panistas que recurren a la “mochada”. El senador y líder histórico del PAN, Ernesto Ruffo, explica que en San Lázaro hay una partida presupuestal que los diputados manejan de manera libre y discrecional.
“En nuestra cultura hay una palabra de las que mandan, y esa palabra se llama honor. Así que si uno ve perjudicado su honor, tiene uno que salir al frente a defenderlo. Ese es el caso no nada más para Villarreal, sino para cualquiera que esté en esta situación… Quien no tiene culpa nada teme, por su honor debe abrir la puerta para que todo sea revisado”.
Asimismo, en el reciente Consejo Nacional panista se cuestionó al dirigente Gustavo Madero por ser indiferente a los señalamientos del “moche” que practican legisladores del blanquiazul para gestionar recursos federales.
El grupo Panistas por México, integrado por cinco ex gobernadores, pidió una investigación a fondo, hasta sus últimas consecuencias.
“Esto debe investigarse y aclararse. Es mucho lo que se ha escuchado desde hace tiempo sobre esta situación, y al señalar directamente como se hace al coordinador de los diputados del PAN, sería conveniente que tomara cartas en el asunto la dirigencia nacional a este respecto. De lo contrario, queda la sospecha de por qué mantener a alguien que tiene claros señalamientos sobre una situación indebida”, indicó Carlos Medina Plascencia, ex mandatario de Guanajuato.
A su vez, la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, hizo una severa crítica a los panistas que siguen las viejas prácticas del PRI.
“Cuando nos vemos hacia adentro tenemos que reconocer que nosotros sí cambiamos: dejamos de ser el partido de la ética y la seriedad y comenzamos a emular al partido de siempre, ese que jamás cambiará. Los panistas tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía y convencerla de que somos capaces de hacer posible construir un país moderno sin corrupción”.
El expresidente Vicente Fox urgió presentar las pruebas, ya que de lo contrario “que se callen el hocico” o “que acuse con los pelos de la burra en la mano”.
En este sentido, la Secretaría de Hacienda se deslindó del “moche” que cobran diputados federales a los ayuntamientos, “no tiene relación alguna con consultores, asesores, analistas o despachos privados que intenten gestionar la asignación de recursos ante esta Subsecretaría”.
Ya desde mayo pasado, la presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, (AALMAC), Leticia Quezada, reveló ante el Enrique Peña Nieto que los alcaldes eran víctimas del coyotaje.
“Tenemos que terminar con el ‘coyotaje’ para bajar recursos federales que ha impedido el acceso a estos recursos, hay un ‘coyotaje’ señor Presidente que es imposible bajar los recursos a muchos de los municipios porque se ven beneficiados hasta en 30 o 40 por ciento de la repartición”.
En ese evento público, el alcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, denunció esta práctica común en detrimento de los municipios, ya que “se regatean los recursos”. En el mismo tono, la priistas, Bárbara Botello, alcalde de León y presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), dijo que el principal problema es que se padecen límites en los recursos.
“Tenemos carencia de recursos para materializar programas sociales, ese es el problema al que nos enfrentamos todos los municipios sin excepción. Ya es tiempo de que discutamos qué vamos a hacer para que los municipios no se ahoguen en el gasto corriente”.
En su participación, el Ejecutivo Federal expresó que eran justas las demandas de los municipios de recibir más presupuesto federal, pero al final tendrán que cumplir a cabalidad sus responsabilidades.
“Se trata de que la autoridad municipal pueda contar con mayores capacidades e insumos alineados con toda precisión a objetivos claros y tareas legalmente establecidas y que eso permita a este orden de gobierno realmente ofrecer a la población los servicios que la constitución prevé”.
El presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero, recomendó a la Contraloría interna de la Cámara de Diputados iniciar una investigación a legisladores.
“No es correcto juzgar a nadie sin que antes exista una investigación seria al respecto y se determine si hay motivos o no para iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas”.
La corrupción no discrimina y también legisladores del PRI y PRD han sido exhibidos por pedir su diezmo: el diputado priista Salvador Ortiz García presuntamente gestionó recursos para ayuntamientos michoacanos de Apatzingán, Tierra Caliente; la diputada perredista Roxana Luna estaría involucrada en este tipo de actos, así lo reveló el dirigente estatal del PRD en Puebla, afectando a municipios de Izúcar de Matamoros, Piaxtla y Domingo Arenas.