Se desoyeron consejos en la reforma energética

Raúl Jiménez Vázquez

Luego de un atropellado y opaco proceso parlamentario, finalmente fue aprobada la reforma energética. Quienes votaron a favor del derrumbamiento de las decisiones políticas fundamentales consagradas en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales hicieron a un lado el célebre mensaje consignado el día 19 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas en sus famosos Apuntes: “México tiene hoy la gran oportunidad de librarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que explotan, para su provecho, una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, las cuales han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política”.

Asimismo desoyeron la vibrante proclama hecha en 1957 por Adolfo López Mateos, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, en respuesta al discurso privatizador esgrimido por el candidato del PAN: “En el petróleo nacionalizado ni un paso atrás. Es conquista de la Revolución orientada hacia nuestra independencia económica; nuestra riqueza petrolera es parte del patrimonio nacional y no puede tocarse sino para bien de México”.

 

Igualmente ignoraron las palabras emitidas en 1970 por el otrora director de Pemex Jesús Reyes Heroles: “Ningún disimulo, ninguna simulación jurídica, ninguna interpretación dudosa de la ley, sino su cumplimiento claro y cabal, que siente las bases para que el futuro de la política petrolera esté siempre a la altura de las luchas que el pueblo de México llevó a cabo al consumarse la expropiación petrolera”.

 

Se ha cumplido así, a pie juntillas, la profecía anunciada en la carta de instrucciones enviada en 1946 por el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Spruille Braden, al embajador norteamericano en México, donde puede leerse: “Las compañías petroleras han visto, por fin, el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguna de ellas; sólo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. Debe parecer que la iniciativa proviene del gobierno de México y éste tiene que insistir, antes que nada, en que los derechos sobre el subsuelo seguirán siendo propiedad de la nación y debe tratar de evitar la mención de la palabra concesión. Si las compañías petroleras tomarán parte en el desarrollo de la industria, tendrá que ser bajo contrato, de manera que el gobierno mexicano pueda evitar la impresión de que se están dando concesiones a intereses extranjeros”.

Esta fatalidad, empero, no está aún irremediablemente consumada. La puesta en juego de la elevación a rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y el rediseño del juicio de amparo, paradigma normativo del siglo XXI, podría obligar al Máximo Tribunal a examinar su validez jurídica. De ello nos ocuparemos en la siguiente entrega.