EDITORIAL
Diciembre y enero han estado marcados por la irrupción cada vez más numerosa y violenta de los llamados ejércitos de autodefensa o policía comunitaria, principalmente en los estados de Michoacán y Guerrero.
El avance y multiplicación de esos grupos lanza, sin duda, una señal ominosa cuya traducción política es inevitable: el Estado mexicano sigue sin poder recuperar el control de la seguridad en el país.
En medio de las armas clandestinas y los uniformes improvisados que llevan la leyenda “Grupo de Autodefensa”, y que hoy forman parte del paisaje rural en varios municipios del territorio, el presidente de la república Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno enviará al Congreso una profunda reforma al campo mexicano.
Una reforma que tendría que ser la madre de todas la reformas porque la solución de fondo de la violencia en el país, principalmente monopolizada por los cárteles de la droga, se encuentra en gran medida vinculada a resolver la pobreza en el medio rural.
Michoacán es un ejemplo claro del problema. Entidad incubadora de una serie de sanguinarias agrupaciones delincuenciales como Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, cuyos integrantes nacieron en los municipios y regiones más atrasados de la entidad.
Los centros poblacionales más pobres son feudos controlados por los cárteles y espacios donde han crecido y se han multiplicado, por consecuencia, los movimientos de autodefensa.
Aquila, Churumuco, Parácuaro, Aguililla, Turicato, Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán y Chinicuila son, entre otros, los puntos donde existe una combinación perversa: carencia de satisfactores básicos (agua, luz, drenaje, educación y salud); salarios dos veces menores al mínimo y el desmantelamiento de la producción agrícola.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 2008 a 2010 aumentó en Michoacán la pobreza. Según información proporcionada por INEGI, Michoacán se convirtió en 2012 en la entidad con mayor proporción de habitantes en “pobreza multidimensional”.
Las condiciones arriba descritas indican que la reforma del campo no sólo debe estar orientada a incrementar la productividad —determinante para la autosuficiencia—, sino que debe ser concebida como un instrumento decisivo de seguridad nacional.
La gran pregunta es cuánto de los 82 mil 90 millones de pesos que ejercerá la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 2014 —el mayor presupuesto en la historia del sector— va a servir para colocar las bases de una verdadera revolución social.
¿Cuánto, cómo y en qué tiempo el campesino puede llegar a convertirse en un trabajador capacitado, educado, sano, eficiente y bien pagado? Y es que el reloj camina en contra de la estabilidad nacional por tener un campo donde los grupos de autodefensa y los mismos narcos se asumen como los nuevos Zapatas y revolucionarios de este siglo.
¿Sólo negocio o también desarrollo social?
Para que el Estado mexicano deje de ser un Estado fallido, sin capacidad para mantener la gobernabilidad, necesita que la reforma sea concebida global e integralmente, con visión social para transformar de modo radical la situación de mendicidad en la que se encuentra el campesino.
La ecuación se reduce a unas cuantas palabras: hacer del campo un factor de estabilidad.