A veinte años: TLCAN y EZLN
Jorge Carrillo Olea
Un gobierno que sólo mira hacia adentro, que desconoce el pasado y apenas otea el futuro, no puede asumir grandes deberes de Estado. Uno, evidente, es el destacar fechas preminentes, se hayan dado cuando se hubieran dado y originado o sorteado por quien hubiera sido. Hoy no es así, no se hace memoria de nada. El cosmos se creó y terminará con esta administración.
El pasado día 1 de enero fue una fecha significativa. Se cumplieron 20 años de dos hechos históricos nacionales: 1. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN) y 2. El levantamiento indígena del EZLN en Chiapas. No resultaron memorables para el actual gobierno.
Uno: El TLCAN ha estado a debate desde aquel momento. Organizaciones sociales han mostrado su desacuerdo arguyendo que el tratado ha desmantelado la planta productiva nacional. Significativamente, líderes de opinión y en su conjunto organismos empresariales lo han defendido. Por sólo existir este debate, el gobierno debería aportar información. ¿Cuáles son las cuentas del tratado a 20 años de existir? No lo hace.
Abundando en esta opacidad, el gobierno está considerando en lo oscurito la suscripción de un acuerdo más inquietante aún: el conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) De él, analistas norteamericanos —como Jonathan Turley, de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington— piensan que será un golpe fast track de Barack Obama que se está negociando en extrema secrecía y que será más contundente que el TLCAN.
El TPP es un tratado de libre comercio multilateral que involucra a 12 naciones: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos, México, Perú y Chile. Abarca un espectro de temas que van desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral. Oficialmente tampoco conocemos nada de él.
La negociación del TPP es secreta, de espalda a las comunidades nacionales afectadas. En febrero del 2011, se filtró el capítulo de propiedad intelectual que ha impuesto Estados Unidos al resto de los países, lo que ha generado alerta mundial. ¿Sería esto o no un deber de informar del gobierno de la rendición de cuentas y la transparencia?
Dos: El alzamiento indígena del EZLN, ejército que fue fundado el 17 de noviembre de 1983 por los miembros de un grupo de seudorevolucionarios del norte del país y por habitantes indígenas del Chiapas rural. El grupo creció durante los próximos años y ganó a muchos miembros-indígenas.
El 1 de enero de 1994, el día que entró en vigor el TLCAN, los zapatistas iniciaron una agresión armada y asumieron la autoridad de cinco municipios en Chiapas. El cuartel militar en Rancho Nuevo, cerca de San Cristóbal las Casas fue sorprendido, como años atrás lo fue el de Madera, en Chihuahua.
Los resultados: un número importante de militares y rebeldes muertos. El número de víctimas fatales o simples heridos de ambas partes fue elevado pero tanto los rebeldes que escondieron sus cadáveres, como los militares han ocultado siempre la cifra real.
El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari declaró un cese al fuego sin condiciones que fue aceptado. Los zapatistas y el gobierno negociaron por más de dos años. Las negociaciones terminaron en febrero de 1996 y los llamados Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas fueron firmados.
Una vez más surgieron protestas, en este caso por un real o supuesto incumplimiento de ellos por el gobierno y en esas estamos, sin conocerse una postura oficial del gobierno, del gobierno que se dice convencido de la información participativa.
Los dos ejemplos, lamentablemente, contradicen el discurso oficial que se declara campeón y fedatario de la “rendición de cuentas y transparencia”, naturalmente a la vieja usanza, autoritaria y provinciana: informo sobre lo que quiero o me conviene y me reservo lo demás, así sea esencial para la vida nacional.
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…Suspensivos ¿Cuándo sabremos que se inicia una averiguación contra a Arturo Montiel, Humberto Moreira, García Luna, Alejandra Sota, Maricela Morales, Ulises Ruíz, Mario Marín, Martínez Garrigós y decenas de funcionarios estatales y municipales? El presumido gobierno de la rendición de cuentas y transparencia parece decidido a ser encubridor de delincuentes.
hienca@prodigy.net.mx