Oportunidad de desarrollo para la población rural
Mireille Roccatti
El pasado 6 de enero en el marco de la celebración del 99 aniversario de la Ley Agraria de 1915, el presidente Enrique Peña Nieto informó a la república de su propósito de realizar una profunda transformación del campo.
A tres décadas del cambio de modelo de producción en el sector agroalimentario, y a pesar de la reforma al 27 constitucional, combinado con el fracaso de diversas políticas estructurales —como el cambio del patrón de cultivos para la adopción de la estrategia de ventajas comparativas, en contraste con la autosuficiencia en la producción de granos básicos—, el panorama dista de ser halagador.
Hoy, en México —si bien es el octavo productor mundial de agro alimentos— la producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna de alimentos básicos. En 2012 se importó el 79% del consumo doméstico de arroz, 93% de oleaginosas, 58% de trigo y 82% de maíz amarillo. El campo ha perdido presencia en su aportación a la economía nacional; en 1950, la participación del PIB primario en el PIB nacional era de 16.1%, en 2012 del 3.4%.
En el ámbito rural, la medición más reciente de la pobreza arrojó que el 61.6% de la población vive en condiciones de pobreza y el 21.5% en situación de pobreza extrema.
Anualmente se cultivan en promedio 22 millones de hectáreas. El 26% cuenta con riego y el 74% se cultiva en temporal. La superficie con riego prácticamente no ha crecido en los últimos cuarenta años. Existe una alta dependencia en los fertilizantes, de los cuales importamos el 77%, aunado a una astringencia financiera que impide el crecimiento productivo.
La profunda transformación del campo, anunciada por el Ejecutivo Federal, se basa en un conjunto de estrategias de políticas públicas como promover la producción nacional de insumos estratégicos: fertilizantes y semillas mejoradas para hacer frente a la demanda de alimentos, forrajes, fibras y energéticos; así como facilitar el acceso a crédito suficiente y oportuno. El propósito es reactivar el sector primario.
Uno de los propósitos de la política que emprenderá el actual régimen es garantizar la seguridad alimentaria, en términos de la propia norma constitucional, que obliga al Estado a garantizar una alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad, por lo cual se incluye el criterio de un coeficiente aceptable de la producción nacional de granos básicos y oleaginosas; por ello se plantea como meta, para 2018, producir el 75% de la oferta total de los granos básicos y oleaginosas (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz y soya). Lo que constituye atender las recomendaciones en la materia de la FAO.
Se democratizará la productividad, tanto en la agricultura comercial, para garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos, como en el minifundio, para elevar la productividad y generar oportunidades de mayores empleos productivos y salarios remunerativos, privilegiando actividades con uso intensivo de mano de obra para mejorar la calidad de vida de las familias rurales.
Asimismo, desarrollar y potenciar las capacidades productivas del minifundio, incluido el de autoconsumo, lo que permitirá incrementar la producción y la oferta de productos, y también generar excedentes para el mercado, incrementando los ingresos de las familias, creando una oportunidad de desarrollo para la población rural y disminuyendo los incentivos para abandonar el campo.
El sector agropecuario y pesquero contribuirá a erradicar la pobreza al generar suficientes alimentos de calidad a precios accesibles. La estrategia para combatir la pobreza es la productividad como una fuente de ingreso a través de actividades productivas rentables.
Se privilegiará la integración de cadenas productivas agroindustriales para que los productores del campo adicionen valor agregado a su producción.
En sincronía con esta estrategia y complementariamente, se modificará el marco jurídico normativo para lograr certeza jurídica y agilizar los apoyos productivos del Estado a los hombres y mujeres del campo. La meta es cerrar la brecha de pobreza rural, aumentar la superficie cultivada y elevar sustancialmente la productividad. El fin último es elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos que habitan en las áreas rurales.