Se pueden crear asociaciones agrícolas productivas
Alfredo Ríos Camarena
La reforma agraria mexicana ha constituido la columna vertebral del desarrollo social y la principal bandera de la Revolución Mexicana; sin embargo, durante los últimos treinta años se han venido desmantelando paulatinamente las instituciones que le permitieron acelerar la producción agroalimentaria, forestal, minera y turística.
En efecto, desaparecieron todas las instituciones que dieron impulso a esta acción productiva, tales como Conasupo, Fertilizantes de México, los bancos agrícola y ganadero, Almacenes Nacionales de Depósito, Productora Nacional de Semillas, los fideicomisos de apoyo y otros más. A cambio de esto, se adoptó una política paternalista como Procampo y otras instituciones que depauperaron el campo.
Después del Tratado de Libre Comercio con América del Norte se fortaleció la exportación de algunos productos, pero sólo fue favorecido el cinco por ciento de los productores agrícolas; el resto, más de 32 mil ejidos y comunidades se han abandonado y, como consecuencia de ello, la miseria se ha entronizado en el campo, particularmente en las comunidades indígenas, cuyo régimen agrario es de bienes comunales y donde existen más de 11 millones de campesinos pobres.
El presidente Enrique Peña Nieto tiene razón: es necesario reconstruir la organización productiva a través de nuevos mecanismos que recuperen la posibilidad de la soberanía alimentaria, pero esto no se debe lograr en detrimento de más de 20 millones de mexicanos que viven sin esperanza.
Los terrenos turísticos, forestales y con riqueza minera han sido despojados y no participan en la riqueza generada los propietarios originarios que son los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
Una nueva organización debe transitar por la construcción de sociedades agrícolas y ganaderas de carácter mixto, donde tengan un porcentaje de las utilidades los propios campesinos; es decir, producir con sentido social no sólo para crear riqueza, sino para distribuirla adecuadamente.
Para estos fines, no se requiere destruir el régimen ejidal y comunal, sino establecer una política de asociación productiva, moderna y eficiente, considerando las capacidades de producción que existen y son muy diversas a lo largo de todo el territorio nacional, aprovechando la infraestructura que ya está construida como centrales eléctricas, carreteras, hospitales, escuelas y centros de población.
Por otro lado, en muchos lugares del país, sí se puede producir con nuevas tecnologías en pequeñas extensiones de tierra; por eso, la solución hacia el campo no puede darse con una receta general, sino con un estudio serio y con vocación social de las diversas potencialidades que existen en nuestro país.
La reforma al régimen jurídico es urgente pero debe realizarse bajo los parámetros con que nació la reforma agraria y el reparto; es decir, con justicia social.
Tenemos prisa, hay que hacerlo pronto, pero no equivocadamente; por eso, a la desaparición de la propiedad social, le decimos un rotundo no.