Otra vez la infanta Cristina es imputada:
Bernardo Gonzalez Solano
La pregunta que se hacen los españoles —monárquicos o republicanos— es ¿hasta dónde llegará lo que empezó como el “caso Urdangarin” hace más de dos años, y que ahora se ha convertido en el “caso Cristina de Borbón”? En el camino, está en juego la continuación de la monarquía y el reinado de Juan Carlos, padre del príncipe de Asturias, Felipe, que, hoy por hoy, es el miembro de la familia real mejor visto por la mayoría de sus paisanos. El escándalo propiciado por el citatorio de un juez a la hija menor del soberano es de pronóstico reservado pues nadie puede afirmar, con seguridad, hasta donde pueden llegar las cosas. Aunque esta crisis no ha sido la única de la Casa Real no es menos cierto que tampoco es la menor. Ríos de tinta han corrido con motivo de este citatorio, pues hasta el momento, ningún miembro de la familia real de España ha sido conminado a presentarse ante un juez imputado por delitos contra Hacienda y por blanqueo de dinero.
De lo publicado, para el autor de este reportaje resalta una genial caricatura de Nerilicón en el periódico El Economista, de la Ciudad de México: la clásica mano derecha de un juez blande el mallete que pega a una corona que tiene el nombre de España. Varios picos del regio adorno ya están doblados y regadas algunas de las joyas que la adornan. El título: “Corona abollada”. Creo que no se necesita más. La caricatura es más que explícita.
Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia (Madrid, 13 de junio de 1965), Infanta de España y duquesa de Palma de Mallorca, es la séptima en la línea de sucesión del trono de España, e hija menor del rey Juan Carlos I y de doña Sofía. Contrajo matrimonio en 1997 con el ex jugador de balón mano o handball Iñaki Urgandarin Liebaert (Zumárraga, Guipúzcoa, 15 de enero de 1968), con el que ha procreado cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.
Ahora, la zocoyota real ha sido citada como imputada por delito fiscal y blanqueo de dinero por el juez José Castro, instructor del llamado “caso Nóos”, a las diez horas del 8 de marzo próximo en la Audiencia de Palma de Mallorca, sede de su ducado, que fue el regalo de bodas que hace 17 años le dio su padre el rey. El juez afirma en su auto judicial, que consta de 227 folios, que hay los indicios suficientes de que la infanta se prestó a que Aizoon —la sociedad que compartía al 50% con su esposo—, “sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales” y gastó fondos de la empresa conociendo su origen ilícito.
El citatorio hecho a la infanta Cristina, aunque similar en los términos al que se hace a una persona del común, en el fondo no es el enviado a cualquier ciudadano de la sociedad española, aunque se diga y se repita, hasta la saciedad, que “la ley debe ser pareja para todos”, el hecho es que como escribió George Orwell en Rebelión en la granja: “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Es cierto, sin embargo, que en el reino de España como en cualquier otro país del mundo todos tenemos la obligación de respetar y observar los ordenamientos legales máxime si se trata de un funcionario del más alto relieve (presidente, primer ministro, rey, gobernador, magistrado judicial, etcétera), y en esa obligación se incluyen los miembros de la familia de cada uno de ellos, varones y mujeres (o quien sabe).
Para el caso de la susodicha infanta, los sepulcros blanqueados que se rompen las vestiduras “asustados” por los presuntos desmanes de Iñaki Urdangarin con el dinero público a través de una sociedad presuntamente “sin lucro”, maniobras en las que habría participado la hija del rey de acuerdo a lo que cree el juez del citatorio, buscan algo más que la aplicación de la ley y la transparencia que caracteriza a cualquier democracia que se respete. Aunque todo mundo lo calla, o casi todo mundo, la parte interesada pone leña en el fuego para apresurar la caída de la monarquía en beneficio de otro régimen que nadie puede asegurar que “moralmente” sea mejor que el que funciona en el reino ibérico.
Esa historia ya es vieja en España. Aunque las nuevas generaciones no lo tienen presente, el hecho es que muchas heridas de la Guerra Civil están abiertas, y desde el 22 de noviembre de 1975 cuando el rey Juan Carlos constitucionalmente inició su reinado –con todos los antecedentes históricos y legales del caso–, no son pocos los que suspiran por el restablecimiento de la República, legítima, que cayó definitivamente en 1939.
La verdad es que un dictador –generalísimo, caudillo o como se le llame–, fue el que restituyó la monarquía borbónica con un personaje a su gusto. El heredero del trono, don Juan Carlos Teresa Silvestre Alfonso de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, padre de Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, le cedió sus derechos reales en mayo de 1977, legitimando la sucesión de la corona, pues el 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento de Francisco Franco Bahamonde, las Cortes Españolas habían proclamado a Juan Carlos como rey, con lo que se restablecía la monarquía tras un paréntesis de 44 años, desde el 14 de abril de 1931, cuando se estableció la Segunda República Española que duró hasta el triunfo de los sublevados en 1939. Esto es parte del trasfondo que hay en relación con el citatorio judicial a la infanta Cristina. No es simplemente un caso de fraude fiscal o de “lavado de dinero”. Mucha historia, mucho dolor, mucho sacrificio hay atrás de la imputación a la hija menor del rey Juan Carlos.
En tales circunstancias, el rey Juan Carlos está nervioso. Aparte sus dolencias, sus operaciones quirúrgicas, y sus pifias de carácter amatorio que le han restado respetabilidad, el propio monarca sabe que él mismo ha causado daño al trono por fruslerías muy “borbónicas”. El problema judicial de su hija menor ha agravado la situación. Los delitos que el juez imputa a Cristina son severamente castigados por el Código Penal español, entre uno y otro suman once años de cárcel, aparte de devolución del dinero gastado.
Así las cosas, y para no empeorar más el panorama, ante la posibilidad de que la defensa de la infanta tratara de evitar que se presentara a la cita del juez Castro, el propio abogado Miquel Roca –que el martes 8 apresuradamente anunció que recurriría el auto de imputación–, el viernes 10 notificó por escrito al magistrado y al fiscal Pedro Horrach que renunciaba a ese derecho y que Cristina declararía voluntariamente. Todo indica que en el palacio de la Zarzuela –la residencia del rey– se hartaron de los actos impetuosos de la esposa de Iñaki Urdangarin. El hecho de no apelar y decidir presentarse en la Audiencia de Palma de Mallorca se dio después de que doña Cristina pasó la noche del jueves en la residencia paterna al llegar a Madrid procedente de Ginebra, Suiza, donde vive desde mediados del año pasado en compañía de sus cuatro hijos. Asimismo, el abogado Roca discutió la estrategia a seguir con el personal jurídico de la Casa del Rey, la más interesada en acortar este proceso que ya dura casi tres años, considerado por los asesores reales como “un martirio”.
Natalia Junquera, reportera de El País, en un artículo titulado “Los nervios del Rey“, explica: “Aunque doña Cristina, insisten en La Zarzuela, mantiene que es inocente y ha sido la última responsable, la decisión de no recurrir se ha tomado con el método con el que la Casa del Rey acuerda cada movimiento desde la inoportuna cacería en Bosuana que lo cambió todo, porque a partir de ese día la Corona pasó a estar sometido al mismo escrutinio que cualquier cargo público. El método, como el de cualquier gabinete de ministros o partido político, consiste en valorar la reacción ciudadana de un paso u otro”.
De una u otra forma, la infanta ya está juzgada: es “culpable” asegura la opinión pública, aunque los jueces la declaren inocente. Aceptar asistir a la cita por lo menos lanza un mensaje de colaboración con la justicia. Entonces será el momento de su posible divorcio con Urdangarin e incluso de renunciar a su puesto en la línea de sucesión al trono, aunque eso fuera demasiado tarde. Y quedaría en el aire el debate sobre la posible abdicación de Juan Carlos a favor del príncipe Felipe, aunque en varias ocasiones ha afirmado que esa decisión no figura en sus planes a corto plazo. Ya se verá. Por el momento, el gobierno del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, y el principal opositor, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), apoyan al rey. Un líder de izquierda ha dicho: “Es una decisión suya. Tiene derecho a eso y en un país con tantas grietas, no es bueno empezar por la clave de bóveda…aunque si hay que pedirles transparencia”. Sin duda, “la corona está abollada”.