Alfredo Castillo Cervantes
Alfredo Ríos Camarena
El nombramiento del licenciado Alfredo Castillo Cervantes, como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, es una decisión importante y peligrosa, pues independientemente de que dicho nombramiento ha sido cuestionado por diversos juristas y por el propio Congreso local de Michoacán, representa la decisión valiente de tomar el toro por los cuernos para, de una vez por todas, acabar con el crimen organizado en esa entidad; el presidente Peña Nieto se juega una apuesta audaz y complicada.
Michoacán, actualmente, según las informaciones de los medios, tiene en su territorio diversos grupos armados; por un lado, el cártel de los Caballeros Templarios, principal enemigo de la sociedad, las guardias comunitarias que actúan fuera de la ley pero que al parecer apoyan la estrategia gubernamental; se habla de otro grupo de narcotraficantes que se autodenominan el cártel del Pacífico Nueva Generación y es posible que queden células de la Familia Michoacana; en el bando oficial, están los efectivos del Ejército nacional y de la Marina que ya tuvieron éxito en el puerto de Lázaro Cárdenas y que actualmente están efectuando los operativos en los municipios de Tierra Caliente; también las policías municipales, quienes son sospechosas de vincularse a plenitud con el crimen organizado, al igual que la policía estatal, adicionalmente, la policía federal y las fuerzas que dependen de la Procuraduría General de la República. En este panorama, es muy difícil determinar quién sirve a quién y será una tarea verdaderamente difícil la del nuevo comisionado que tiene buenos antecedentes en estas tareas, sobre todo cercanía con el presidente de la república.
La sociedad está expectante y, por supuesto, con el firme deseo de que estas tareas tengan éxito en el corto plazo lo que, de lograrse, le daría prestigio al gobierno de la república; sin embargo, si esto lamentablemente no sucediera, estaríamos perdiendo la última esperanza pues el haber quitado del camino de facto al gobierno local, toda la responsabilidad, para bien o para mal, recaerá en el Ejecutivo federal.
Hasta ahora parece ser que la estrategia funciona, aun cuando no se han agotado las instancias constitucionales, como sería aplicar el artículo 29 constitucional, que a la letra dice: “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de éste de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación…”
Es decir, este instrumento constitucional, es perfectamente aplicable a la situación en Michoacán, pero nunca se ha utilizado en la historia contemporánea, excepto durante la Segunda Guerra Mundial a instancia del presidente Manuel Ávila Camacho.
No puede ya el Ejecutivo desaprovechar su valiente decisión para de una vez por todas, retornar la paz a los michoacanos. No hay porqué temerle a la utilización de los recursos que nos da la Carta Magna, pues hoy la apuesta que hace el presidente para salvar a Michoacán está cargada de sentido político y de eso dependerá el éxito de este gobierno; por eso, no se puede fracasar.
Se están utilizando todos los recursos, como ha sido el cerco con el apoyo de los gobiernos locales vecinos a esta entidad; asimismo, existe una colaboración de todos los sistemas de inteligencia.
Más allá de los partidos, la sociedad mexicana apoya esta lucha contra el crimen, pero estamos en la frontera del non plus ultra.