Patricia Gutiérrez-Otero
(Segunda y última parte)
La situación del Vaticano en cuanto Estado es compleja. Por una parte posee uno de los territorios independientes más pequeños de Europa (unas 44 hectáreas) donde viven unas novecientas personas, de las cuales la mitad más o menos tienen la ciudadanía. Hablando en sentido estricto el Papa sería el poder político supremo en ese territorio. Sin embargo, el Estado Vaticano sólo existe porque en todo el planeta, en el que habitamos 6,698,353,000 nos encontramos 1,165,714,000 de personas que hemos sido bautizadas en la fe católica, independientemente de que la practiquemos o no. Significa que aproximadamente una de cada seis personas hemos recibido el bautismo en la Iglesia Católica cuyo líder máximo es el Papa.
Los católicos tienen líderes religiosos en sus regiones a los que se llama obispos quienes mantienen una estrecha relación con el obispo de Roma que es considerado, incluso por la Iglesia ortodoxa, como primus inter pares, el primero entre iguales, pero los obispos no tienen un poder político en derecho ni sobre los fieles católicos ni en relación con los poderes temporales del lugar en el que se encuentran; aunque es posible que en algunos lugares en donde son mayoría ejerzan un poder político de facto por la influencia que tienen sobre la gente, lo que les permite negociar con el gobierno o presionarlo.
En el Vaticano se elaboran leyes para regir su complejo funcionamiento interno, sin embargo lo más importante es que desde ese enclave en la península italiana se pastorea a ese millón ciento sesenta y cinco mil personas que son de diversos países, hablan diferentes lenguas, tienen costumbres variadas, economías disímiles, apegos más o menos cercanos a su propia fe, y que se rigen, en sus Estados, por leyes particulares e incluso antagónicas a la fe Católica, por ejemplo en algunos países islámicos. En el Vaticano se elaboran documentos y leyes religiosas o morales basadas en la fe cristiana católica, y sobre sus consecuencias en los ámbitos humanos: la vida espiritual, los actos éticos, la política, la economía, la inserción del creyente en el mundo y su deber de incidir en su humanización desde su singular punto de existencia.
Así pues, a diferencia de otros Estados teocráticos, como la República Iraní o Arabia Saudita cuyas leyes basadas en el Corán se aplican a sus ciudadanos, el Vaticano no aplica sus leyes religiosas a ciudadanos de su territorio lo que en ocasiones ha provocado la expulsión o encarcelamiento de los católicos acusados de servir a otro Estado o la creación de iglesias católicas nacionales; por ejemplo, en 1925 durante la Guerra Cristera mexicana el gobierno fundó la Iglesia Católica Mexicana.
Con este carácter doble y representando no sólo a su territorio, aunque principalmente en cuanto Ciudad del Vaticano, este Estado, como dijimos en la primera parte de esta columna, fue aceptado como miembro observador (con todos los derechos salvo el voto) en la Organización de las Naciones Unidas donde también se encuentran los Estados puramente teocráticos que ya mencionamos.
Históricamente, recordemos, la Iglesia Católica Romana tuvo primero los territorios que le concedió Roma, posteriormente los territorios que le otorgó el imperio Carolingio, y en el siglo XX los que pactó con el Tratado de Letrán y por los que conserva ese pequeño territorio que le hace ser un Estado soberano. Una religión extendida mundialmente con un Estado soberano la hace única en el planeta y le da razón para tener una palabra en la ONU. ¿Es conveniente esto? Para muchos sí, pues le da una autonomía política que no tendría si no fuera un Estado. Para muchos no, pues le hace entrar en un juego político que daña lo más auténtico del Evangelio de Jesús supeditándolo al juego de la conveniencia política. ¿Debe ser el Papa un jefe político? Esa es quizás una de las tantas preguntas que debería analizar el nuevo pontífice.
Además, opino que se respeten los Acuerdos de San Andrés, que se detengan las mineras, que se revisen a fondo y dialógicamente todas las reformas impuestas por el gobierno, que no se entreguen los hidrocarburos en manos privadas.
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