Como si se tratara de instalaciones privadas, donde el dueño se reserva el derecho de admisión, los jueces en México decidirán casi con total discrecionalidad quién entra y quién no a los juicios orales, cuántas personas podrán estar presentes e incluso si la audiencia se realiza a puerta cerrada.

 El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que podría ser aprobado hoy por la Cámara de Diputados, plantea una serie de “restricciones” a las audiencias que en el papel son “públicas”.

 A las limitaciones de acceso a las audiencias se suma la prohibición total de que el público o los periodistas graben de cualquier forma el juicio, aun cuando tengan el permiso de alguna de las partes.

 “Creemos que se está violentado con esto el principio básico de publicidad del nuevo sistema penal, se trata de que el sistema sea más transparente no al revés”, señaló el diputado federal Alejandro Carbajal, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de diputados.

A partir del año 2016 los juicios orales serán la forma en la que tendrán que dirimirse todos los procesos penales en el país, a nivel federal y estatal, en sustitución de los juicios escritos o mixtos que aún se llevan a cabo en varios lugares, incluyendo el Distrito Federal.