Un jaque al gobierno
Jorge Carrillo Olea
Estado de necesidad es un recurso legal poco esgrimido y muy discutible. Como lo expresa su enunciado, es la exigencia apremiante, excluyente de responsabilidad de una supuesta víctima que ve en peligro un bien propio o ajeno y de cualquier forma intenta evitarlo.
Para argumentarlo, el mal amenazador debe ser un peligro inminente, grave, injusto, ilegítimo e inevitable en el marco formal de la ley. Apelar al Estado de necesidad se justificaría siempre y cuando lo que se intenta evitar no haya sido provocado intencionadamente por el propio sujeto, que éste no pueda evitarlo y siempre que el mal causado no sea mayor que el conjurado.
Tan largo comentario llevaría a una conclusión que nunca acepta el gobierno: Significa la ausencia o ineficiencia del Estado tutor de la legalidad. Esto es, es el actuar de los particulares en defensa de sus derechos que se da en donde el Estado no es eficaz.
Éste es el caso de dos extremos: las empresas de seguridad privada y las llamadas guardias comunitarias. Ambas protegen con igual derecho o sin él sus propios intereses legítimos y legales, ello en ausencia de un Estado omiso en su deber central: avalar la seguridad del pueblo.
En el contexto se da una conducta dual, vergonzosa y frecuente por parte de la autoridad: se facilita la legalización, organización, posesión de armas y equipos de uso restringido y operaciones a las empresas de seguridad privada, e inversamente se reprime a personas y actividades humildes terriblemente agraviados por la inseguridad que provocan a la par, criminales y un gobierno insuficiente, ineficiente y corrupto.
Surgen en diversas poblaciones de los estados de Guerrero y en Michoacán en la denominada Tierra Caliente, pero los hay también menos activos y estridentes en varios estados más, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Hidalgo, Colima y Chihuahua.
La decisión de armarse es la respuesta lógica y legítima a la violencia que padecen los pueblos. Algo que no se logra entender es que los billetudos urbanos y ciertos modestos rurales, han tenido el plácet de las autoridades federales y estatales para formarse, armarse y actuar; así unos actúan en pleno derecho, otros gracias a autoridades que tuercen el derecho (Guerrero) y otros llanamente al margen de él. Un jaque al gobierno.
Menos se entiende aún cómo ciertos gobernadores están obsequiando concesiones para crear empresas de seguridad privada a recomendados de sus cuates, como lo hiciera Peña regalando siete notarias. Ojalá que a mediano plazo no vayamos a ver que detrás de necesidades sociales legítimas hay corrupción gubernamental.
A diferencia del EZLN en 1994, ninguno de los grupos sociales se rebela en contra del Estado, no tienen como consigna el desconocerlo, sencillamente su bandera es el ya no permitir seguir siendo extorsionados por trabajar o poseer un capital. Se legitiman arguyendo que las personas no tienen que pagar por que los dejen vivir o producir. Eso es deber del gobierno.
¿Y qué pasará si algunas aguas vuelven a sus cauces? ¿Alguien está pensando en el embrollo en que todo quedará? Cientos de delincuentes en las calles y en las fuerzas del orden; los gobiernos estatales y municipales virtualmente inexistentes; importante número de pobladores desplazados a lejanos lugares.
La hacienda pública quebrada; los servicios públicos y privados desastrados; la planta productiva lastimada y por ende feroz desempleo. Consecuentemente la inseguridad subsistiría. ¡Cómo se atenderá la seguridad en la posguerra!
Con las condiciones de imprevisión de este gobierno en todo, y que hoy son evidentes, Enrique Peña Nieto desde Suiza propone que las guardias comunitarias se incorporen a las policías, y como esa idea no aguanta el menor análisis, ¿seguirá el pueblo acogiéndose a su Estado de necesidad?
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