Gran asignatura pendiente: inseguridad
Alfredo Ríos Camarena
El conflicto que ha planteado la proliferación de grupos de ciudadanos denominados de autodefensa en Michoacán inició su resolución con un acuerdo con las autoridades federales para incorporarse a las fuerzas de seguridad pública. Sin embargo, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
De alguna manera este problema se vivió intensamente en Colombia cuando los hacendados, con el apoyo del gobierno, formaron grupos paramilitares de guardias blancas para combatir a los narcotraficantes, que finalmente incidieron en gravísimos problemas de delincuencia y crimen en ese país.
Hubiera sido mejor, desde el punto de vista constitucional, restaurar instituciones que por ahora son letra muerta. Nuestra Carta Magna, cuando establece en su artículo 36 las obligaciones del ciudadano de la república, señala en su fracción II “alistarse en la Guardia Nacional” y concomitantemente en el artículo 76 que se refiere a las facultades exclusivas del Senado, la fracción IV señala dar su consentimiento para que el presidente de la república pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria.
Eso significa que puede y debe existir un cuerpo de seguridad diferente a los que operan actualmente y que es la llamada Guardia Nacional, a la que no se ha hecho referencia en ninguna de las propuestas en el tema de seguridad.
La construcción de nuevas formas de combate al crimen organizado y la estrategia que hoy se está desempeñando pueden caber perfectamente en retomar esa institución a que aludimos. Su ventaja sería apoyarse a plenitud en la Constitución y fortalecer el sistema de seguridad pública.
Hasta hoy las guardias comunitarias que operan particularmente en Michoacán y en Guerrero lo hacen al margen de la ley y son utilizadas por el Estado, cuando menos en Michoacán, para contrarrestar la fuerza de los Templarios.
En nuestra colaboración anterior, señalamos la posibilidad de utilizar el artículo 29 Constitucional para darle plenitud jurídica a las acciones que se están desempeñando; si a eso le agregamos, también, desde el punto de vista de nuestra Carta Magna de construir la Guardia Nacional, tendríamos herramientas jurídicas de gran claridad.
Hasta ahora, la detención de capos importantes y el avance eficiente de las fuerzas del Estado nos permiten ensanchar la esperanza de que el gobierno puede lograr el éxito que todos anhelamos, pero no será fácil, pues el fenómeno del crimen organizado ha permeado en distintas entidades de la república y sigue constituyendo un reto para el Estado y una aflicción permanente para la ciudadanía.
Como quiera que sea, al parecer el asunto va por buen camino. El éxito de la lucha contra la inseguridad constituye la piedra de toque para que el país pueda desarrollarse. Los ecos de la reunión de Davos, donde el presidente fue cuestionado por estos temas, nos demuestran que en este tiempo la inseguridad sigue siendo la gran asignatura pendiente.
Mientras que en Tierra Caliente se firman acuerdos entre los grupos civiles armados y las autoridades —representados por el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador Fausto Vallejo con los señores Estanislao Beltrán, Martín Barragán e Hipólito Mora—, en Guerrero, el fundador de pueblos y organizaciones del estado de Guerrero Bruno Plácido Valerio asegura que avanzarán hasta la capital del estado ante la amenaza de las bandas criminales que dicen: “la autoridad no quiere ver”.
El tema es confuso y preocupante; por eso, la opinión de utilizar mecanismos constitucionales nos parece fundamental para continuar en esta cruenta y difícil tarea.