Los motivos, ¿dinero y poder?
Humberto Musacchio
La mariguana se ha convertido en un reto para nuestros legisladores. Más de cien mil muertos y decenas de miles de desaparecidos no les bastan. Prefieren que corra más sangre antes que entrarle con decisión a un asunto que para su futuro político es una papa caliente.
La despenalización de la mariguana ya es un clamor mundial, pero aquí, cuando se menciona el asunto, los panistas ponen por delante sus prejuicios religiosos, los priistas voltean para otro lado y los grupos de nuestra desastrosa izquierda optan por enredarse en otro pleito. Por eso es valiosa y valerosa la actitud del senador Mario Delgado, quien propone legalizar para usos médicos, lo que resulta positivo aunque incompleto, pues con eso no se evitará el consumo recreativo ni que continúe la guerra de las mafias por los mercados, con su cauda de muertos y de corrupción en las corporaciones policiacas.
Alimentan los temores encuestas metodológicamente inaceptables. Se trata de un tema espinoso donde muchos ciudadanos no quieren verse comprometidos, aun cuando estén de acuerdo con legalizar el cáñamo. Otros encuestados ignoran evidentemente lo que hay alrededor de las políticas persecutorias. En esas condiciones, es explicable que las encuestas arrojen resultados adversos a la legalización.
Por ejemplo, el diario Reforma publicó los resultados de una muestra, según la cual 72 por ciento de las personas están en desacuerdo con que se abran establecimientos legales para la venta de mariguana. La razón es que 71 por ciento cree —de creer, no del verbo saber— que tales negocios aumentarían la adicción y 58 por ciento considera que incrementarían la inseguridad. Sólo cuatro por ciento se reconoce como fumador.
A ningún encuestador se le ocurre preguntar si la gente está de acuerdo con la guerra contra el narco y sus cien mil muertos y sus 20 o 30 mil desaparecidos y sus miles de desplazados. No se informa al público sobre las condiciones de una eventual legalización y se espanta a la sociedad mencionando daños cerebrales y hasta físicos que sólo se presentan en fumadores extremos, no en los habituales.
La oposición a toda medida legalizadora proviene de los beneficiarios del prohibicionismo, como los Centros de Integración Juvenil, una asociación civil que cada año recibe de la Secretaría de Salud la friolera de 700 millones de pesos (Excélsior, 18/II/2014). Su negocio está en prohibir para luego salvar a los violadores de la prohibición. Y si le rascamos, no pocos opositores a la mota legal tienen parecidas motivaciones: dinero y poder.