Vocingleros
Raúl Jiménez Vázquez
Connotados personajes de la política nacional han hecho púbico su desacuerdo con la consulta popular planteada por Cuauhtémoc Cárdenas y otras emblemáticas figuras de la izquierda, pues, según ellos, una vez que entró en vigor la reforma energética es imposible decirles a las empresas extranjeras que sus inversiones se hallan en riesgo debido a la eventualidad de un resultado en pro de la derogación de los cambios constitucionales. Con ello ha quedado clarísima la aviesa intención de no permitir a toda costa que tal decisión sea objeto de cuestionamiento alguno.
La lógica que subyace en este razonamiento es clara y precisa: los intereses de los inversionistas son sagrados y nada ni nadie podrá ponerlos en entredicho, así se trate del pueblo mismo, en quien, conforme lo dispuesto en el artículo 39 de la Carta Magna, reside esencial y originariamente la soberanía nacional. Dicha postura pretende aherrojar a la ciudadanía y colocarla en un total e inaudito estado de indefensión jurídica.
Éstos son los desastrosos efectos de un magno desvarío ideológico cuyo núcleo duro puede equipararse al del atroz bando del marqués de Croix, cuadragésimo quinto virrey de la Nueva España: “De una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”.
Afortunadamente la aberrante consigna política no es erga omnes; el pasado 30 de enero un juzgado de distrito admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por el senador Manuel Bartlett y otros legisladores federales, argumentando la inconstitucionalidad del precepto legal en el que se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Carta Magna, la perpetración de violaciones graves al procedimiento parlamentario y el trastocamiento de decisiones políticas fundamentales adoptadas por el Constituyente de Querétaro.
Tal suceso ha hecho brotar una burbuja de esperanza colectiva en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación asumirá la revisión de la reforma energética y que, dada la trascendencia del tema, los ministros del máximo tribunal en su oportunidad ejercerán la facultad de atracción en relación con esta queja constitucional y con la promovida por el grupo de 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes, incluido el llorado José Emilio Pacheco.
Los ciudadanos esperamos que la Corte desoiga este absurdo vocinglero, que diga no al intento de traer a valor presente la infamante consigna del marqués de Croix y que, en cambio, haga suyas las sabias palabras de Morelos: “Que todo aquél que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario”.