Militares acusados de delitos contra civiles

Humberto Musacchio

Por unanimidad, para que no se culpe a uno u otro partido, el pleno del Senado aprobó retirar las reservas del gobierno mexicano a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo que permitirá, si hay voluntad política, juzgar a los militares que resulten acusados por la comisión de delitos cometidos contra civiles, así sea en momentos en que las fuerzas armadas sean sacadas de sus cuarteles.

Una implicación del acuerdo senatorial es que “los presuntos responsables de hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar” y tales hechos “no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares”. Cuando el delito lo hubieran cometido extranjeros, México no podrá expulsarlos del territorio nacional “sin que previamente les realice un juicio”.

Por su parte, el general y político Luis Garfias Magaña calificó la decisión de la llamada Cámara Alta como una “intromisión en el fuero de guerra y el ámbito militar” y con muy poco aprecio por la institucionalidad tildó de ignorantes a los senadores porque —según él— se metieron en “algo que no saben” y dijo que eso no ocurriría si en las cámaras hubiera militares que defendieran “las posturas del Ejército”.

Al referirse a la violencia que sufre Michoacán, el general Garfias declaró que “el gobierno ha tenido miedo de aplicar el artículo 29 constitucional que prevé la suspensión de garantías”, la que “permitiría a soldados y marinos actuar con el respaldo de la ley donde la violencia se ha desbordado” (lo que en buen romance significa que ahora las fuerzas armadas desarrollan tareas “sin respaldo de la ley”).

Como es obvio, para los militares no debe resultar grato que se sustraiga del fuero de guerra a los uniformados que cometan delitos contra civiles, pero las experiencias latinoamericanas hacían indispensable lo dispuesto por la Convención citada para evitar que se impusiera el Esprit de corps sobre la justicia a secas, esa justicia que demanda toda sociedad agraviada.

Por otra parte, lo que debería preocupar al general Garfias es que se ponga a los militares a desempeñar tareas que corresponden a las corporaciones policiacas. Ese mal uso de las fuerzas armadas muestra palmariamente que los civiles no han sabido resolver problemas que con frecuencia han creado los mismos gobiernos y los policías a su servicio. Eso es lo grave. Lo demás es consecuencia.