De cara al 5 de febrero
Raúl Jiménez Vázquez
Con la reforma energética se cedió a inversionistas privados, principalmente extranjeros, los derechos históricos, recursos, áreas y actividades propias de la nación, propiciando el surgimiento de un régimen de excepción dentro del articulado de la Carta Magna y el quebrantamiento de decisiones políticas fundamentales adoptadas por el Congreso Constituyente de 1917, cuya revisión sólo compete al pueblo soberano.
Como consecuencia de esta modificación les fueron entregadas en bandeja de plata la refinación, la petroquímica básica, el transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano del crudo y sus derivados, más un mercado cautivo de petrolíferos y petroquímicos de más de 75 mil millones de dólares. Por si ello fuera poco, también se les facilitó el control de la exploración y explotación mediante la suscripción de contratos ad hoc que les permitirán adueñarse de una porción de la renta petrolera.
Se trató, sin duda, del peor y más desgarrador de los caminos porque a cambio de absolutamente nada Shell, Exxon y otras empresas trasnacionales han obtenido lo que por décadas codiciaron: el acceso al petróleo de los mexicanos. Menos trágico habría sido actuar dentro del contexto del TLCAN y otros tratados de libre comercio en los que el Estado Mexicano se reservó para sí, es decir, con exclusión de la iniciativa privada, todos y cada uno de los eslabones de la cadena industrial inherente al área estratégica de los hidrocarburos y la petroquímica básica, así como el servicio público de energía eléctrica.
Efectivamente, eliminar dicha reserva habría demandado la apertura de sendas rondas de negociación con Estados Unidos, Canadá y otros países, a fin de definir cuáles beneficios tangibles estarían ellos dispuestos a otorgar a México a cambio de la presencia de sus inversionistas en nuestro sector energético.
El equipo gobernante debe explicar a la opinión pública por qué no se siguió esa vertiente, por qué se soslayó olímpicamente la posibilidad de instrumentar esta especie de dando y dando, por qué se renunció a la eventual negociación de fondos análogos a los españoles, aunados, entre otras posibles prerrogativas, a la firma de un acuerdo migratorio tendente a la protección integral de nuestros connacionales y a la asunción del compromiso de respetar el derecho humano a la asistencia consular, previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y ratificado por la Corte Internacional de Justicia en el laudo proferido en el famoso caso Avena.
Próximos a la celebración del 5 de febrero, cabe hacer la siguiente reflexión: ¡vaya manera de honrar la memoria de nuestros ilustres, valientes y visionarios diputados constituyentes de Querétaro, desfigurando y ofrendado a las compañías extranjeras su magna obra: la primera Constitución político social del mundo!