El nacionalismo se ha diluido

Miguel Barbosa Huerta

Nada que celebrar. Con qué argumento, con qué guión el gobierno federal puede plantar cara y expresar un discurso conmemorativo del 76 aniversario de la expropiación petrolera, si hace tres meses los votos de los priistas, los panistas y los verdes en el Congreso de la Unión aprobaron la mayor regresión en materia de soberanía sobre nuestros recursos energéticos en la historia reciente de México.

Resulta difícil imaginar a algún integrante del gobierno federal hablar de la soberanía y de las bondades de las recientes reformas constitucionales en materia energética. Reformas cuyos supuestos beneficios no se ven por ningún lado, porque el amplio paquete de reformas legales que le darían vida no llegan a pesar de que sólo restan catorce sesiones para terminar el actual periodo ordinario.

El eje de la reforma energética del gobierno finca su éxito en el otorgamiento de licencias y contratos. En los tiempos oficiales y a través de sus voceros y plumas, se exaltan las bondades de la celebración de estos instrumentos comerciales. El escándalo de la empresa Oceanografía S. A. de C. V. derriba esta fachada de ensueño. De 2003 a 2013, más de cien contratos por un monto superior a los 50 mil millones de pesos y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan con crudeza el futuro de la industria energética mexicana: un enorme botín para un selecto grupo de contratistas, que ahora se beneficiarán de las utilidades y de la renta petrolera y no sólo de la prestación de servicios. ¿Qué parte del botín se iba a llevar Oceanografía? ¿A la luz de este escándalo, cómo operarán las licencias, la división de utilidades, el cálculo de los riesgos? Si una empresa como Oceanografía pudo ganar contratos millonarios, qué podría esperarse en materia de utilidades y de renta petrolera.

Nada que celebrar este 18 de marzo. Por fin, después de 76 años de intentos, el año pasado, las visiones e intereses que consideran que los energéticos pueden y deben ser explotados por el capital privado nacional e internacional reunieron las condiciones para aplicar una mayoría mecánica en ambas cámaras del Congreso de la Unión y revertir la expropiación de 1938 que el general Lázaro Cárdenas del Río realizó y, con esto, catapultó el país hacia el desarrollo.

Quien suponga que con la promulgación de la reforma constitucional en materia energética y con la aprobación del paquete de iniciativas en la materia el tema está concluido se equivoca rotundamente; se trata de un capítulo más en un largo proceso que comenzó en la dictadura de Porfirio Díaz y que en cada gobierno, hasta el actual, ha sido un factor de definición. En principio se trata de dos visiones. Una que considera que los hidrocarburos pueden y deben ser explotados por particulares nacionales o extranjeros, y otra que considera que este sector, por su carácter estratégico, debe ser controlado por el Estado como un factor fundamental para el desarrollo. En un siglo y hasta el pasado 20 de diciembre, sólo Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Vicente Fox y Felipe Calderón habían planteado en diversas modalidades y de acuerdo con la coyuntura específica, la privatización del sector energético. Con el actual gobierno se presentaron las condiciones internas y externas para llevarla a cabo y anular la nacionalización que hace 76 años realizó el general Lázaro Cárdenas.

Algunas opiniones dicen que el nacionalismo se ha diluido en la sociedad mexicana y que hechos como la expropiación petrolera han perdido su carga simbólica. Por esta razón conviene recordar de manera textual unos de los apuntes del general Cárdenas, fechado el 10 de marzo de 1938:

 

“Hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al Gobierno de México con medidas violentas; pero tomamos también en cuenta que se presenta ya la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista, y que esto los detendría de agredir a México, en el caso de decretar la expropiación”.

“Conocedor el general Múgica de la conducta de las empresas petroleras, por juicios que se han seguido contra las citadas empresas y en los que él ha intervenido, y por los procedimientos y atropellos cometidos por los empleados de las propias empresas, y que presenció cuando me acompañó en los años que estuve al frente de la Zona Militar de la Huasteca Veracruzana; y reconociendo en él sus convicciones sociales, su sensibilidad y patriotismo, le di el encargo de formular un proyecto de manifiesto a la Nación, explicando el acto que realiza el Gobierno y pidiendo el apoyo del pueblo en general, por tratarse de una resolución que dignifica a México en su soberanía y contribuye a su desarrollo económico”.

“Hasta hoy no se ha llegado a hacer mención, oficialmente, del propósito de expropiación. Se dará a conocer en el momento oportuno”.

“En los centros políticos y financieros, la generalidad cree, y aun las mismas empresas, que el Gobierno podrá llegar, solamente, a dictar la ocupación de las instalaciones industriales”.

“No puede retardarse mucho la decisión de este serio problema”.

Ocho días después se declararon expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A, Compañía Naviera de San Cristobál, S. A., Compañía Naviera San Ricardo, S. A., Huasteca Petroleum Company, Sinclear Pierce Oil Company, Mexican Sinclear Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C., Penn Mex Feul Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Petrolera el Agwi, S. A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of Mexico, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S. A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S. A., y Cacalilao, S. A.

Varias de las herederas de estas compañías son las que ahora se regocijan de las recientes reformas a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. Revertir la reforma energética del presidente Peña Nieto y el PAN representa una causa común y expresa la necesidad de lograr la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda.

 

Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República.