Urgen políticas más agresivas y efectivas
Yazmín Alessandrini
La trata de personas en México y el mundo es un flagelo que desgraciadamente está alcanzando proporciones alarmantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, este lucrativo negocio le arroja ganancias anuales al crimen organizado de entre 16 y 31 millones de dólares. Aquí en nuestro país, pese a que la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó la “Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, lamentablemente se siguen presentando cada vez más casos de esta deleznable forma de esclavitud.
Cierto, los gobiernos federal y estatales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil han mostrado no sólo voluntad, sino también atingencia para combatir este delito a través de la prevención y el endurecimiento de las penas a aquéllos involucrados en esta actividad. Sin embargo, cuando leemos los diarios y encendemos la televisor o la radio para enterarnos de que en la ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y otras entidades se han asestado importantes golpes a organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y que éstas en lugar de ser erradicadas pareciera que cobran más fuerza, la pregunta que casi todos nos hacemos es: ¿qué más podemos hacer para combatir efectivamente este delito?
Dos hechos sumamente relevantes marcaron en días recientes de manera representativa la atención e importancia que los gobiernos federal y estatales en combatir la trata de personas en México. El primero, la detención, en la ciudad de México, de María Alejandra Gil Cuervo, considerada una de las madrotas más poderosas de la zona de Sullivan (colonia San Rafael) y quien con la fachada de ser una denodada activista en pro de los derecho de las sexoservidoras engañó a autoridades de los tres niveles de gobierno (se asegura que coordinaba y explotaba al menos a 120 sexoservidoras); y, el segundo, la toma de protesta, en el Estado de México, a cargo del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, a los integrantes del Consejo Estatal Para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México, cuya función principal será regir, diseñar y coordinar políticas que permitan ponerle un freno a este delito.
No se puede tapar el sol con un dedo. Aquí en México, no sólo en el Distrito Federal y el Edomex, urgen programas y políticas más agresivas y efectivas para debilitar las organizaciones criminales que han encontrado en la esclavización y explotación de mujeres jóvenes (incluso adolescentes y niñas), mexicanas y extranjeras, una jugosa raja para incrementar sus ilícitas ganancias.
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