La lucha por el poder central
Alejandro Zapata Perogordo
Uno de los grandes pendientes se localiza en concretar la reforma política del Distrito Federal, que históricamente se ha visto relegado por ser la sede de los poderes federales y, por lo tanto, la capital de México, y ese estatus le ha ocasionado un régimen de excepción.
La tradición histórica de la gran metrópoli se encuentra íntimamente vinculada con los orígenes de la nación. La antigua Tenochtitlan continúa siendo historia viva del pueblo mexicano, lugar donde se constituyó el primer ayuntamiento (1522) en América, con ello también inicia la organización pública.
Desde el asentamiento de los poderes federales en 1824, hasta la fecha, han existido polémicas doctrinales y diferencias entre órganos locales y federales que han ocasionado una y otra vez la reinvención del modelo administrativo bajo conceptualizaciones bizarras: desde la Constitución de 1857, recogido aun en el artículo 44 de la actual, persiste la creación del Estado del Valle de México, sólo en el caso de que los Poderes de la Unión se trasladen a otro lugar, circunstancia en extremo difícil que ocurra y, mientras tanto, se suprimieron en 1928 los Ayuntamientos de México, pese a la férrea defensa en contrario del constituyente Heriberto Jara.
No se puede ignorar la identificación de todos los mexicanos con su capital, tampoco las dificultades que se presentan precisamente por encontrarse asentados los Poderes Federales y quienes habitan la ciudad de México. Dentro de su justa dimensión, en realidad, a las partes involucradas les asiste razón, empero, la lucha por el poder central se ha impuesto para evitar un modelo reglado, acorde con la tradición doctrinaria y que permita la solución a los grandes y gravísimos problemas que enfrenta la administración local de una de las ciudades más grandes del mundo y, por otra parte, la satisfacción social de quienes ahí radican para contar con autoridades cercanas.
El reto no es menor, pues aunque existen avances sustanciales, comenzando por la representación del Distrito Federal en la Cámara de Diputados que data de 1826 y en la del Senado a partir de 1847, también en los últimos años, cuenta con una Asamblea Legislativa, un jefe de Gobierno y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales conocidas como delegaciones, elegidos por el voto de los ciudadanos, además del Poder Judicial, éstos se consideran insuficientes, tanto por la distorsión del modelo, como por las limitadas facultades.
El hecho de que la ciudad de México sea la capital de la república no debe ser impedimento para otorgar su carácter de entidad federativa, incluyendo la facultad de emitir su propia Constitución, de tal manera que, sin menoscabo de sus atribuciones, se establezcan las bases de coordinación con la propia federación y las entidades que conforman la zona metropolitana.
Lo fundamental es dejar atrás el centralismo, el paternalismo y las tendencias autoritarias.