El secretario de Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, informó este martes que antes de ser publicada en el Periódico Oficial del estado la Ley de Ordenamiento Social que regula lar marchas y que fue aprobada por el Congreso local, la Consejería Jurídica gubernamental revisará que no violente las garantías individuales consagradas en la Constitución.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que la Consejería de la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y los asesores jurídicos del Congreso, “someterán a una cuidadosa revisión antes de su publicación”.

En el texto se citan las declaraciones de Mendicuti Loría, quien califica la nueva Ley de Ordenamiento Social como “muy positiva”, debido a que responde a la queja de ciudadanos afectados en sus derechos cada vez que hay una marcha que bloquea alguna de las principales arterias de la ciudad de Cancún, la zona hotelera o sus accesos, impidiendo la entrada y salida de turistas y trabajadores.

“La ley todavía será revisada, muy cuidadosamente, para garantizar que no se afecten derechos fundamentales o se coarten garantías individuales. Lo importante es que prevalezca el interés superior de la sociedad por sobre los intereses der grupo”, señala en el documento Mendicuti Loría.

El comunicado se difundió luego de las diversas reacciones que generó la aprobación de la ley, tachada por organizaciones civiles, activistas que defienden los derechos humanos y partidos políticos, de violentar no sólo la Constitución, sino también tratados internacionales en materia de derechos humanos, a los que México está adscrito.

Entre los preceptos violentados por la Ley de Ordenamiento Social, según sus detractores, está el derecho a la libre manifestación, la libertad de expresión y al libre tránsito, toda vez que el mandato determina que quienes participen de protestas deben abstenerse de manifestarse, por ejemplo, en sitios de alto valor cultural, histórico, arquitectónico o turístico.

Organizaciones como Ciudadanet alertaron sobre los alcances de la ley al señalar que fortalece el estado de “fascismo caribeño” que padece Quintana Roo, aseveración respaldada por otras organizaciones como Ombligo Verde y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que advirtió este martes que seguirán manifestándose, pues ninguna legislación local “está por encima de la Constitución Mexicana”.

Partidos como el de la Revolución Democrática (PRD), consideran que la ley es una “copia muy chafa y muy tendenciosa” de la Ley de Cultura Cívica que se aplica en el Distrito Federal, además de ser “restrictiva, represiva y autoritaria”.

En contraste, también a través de un comunicado de prensa, el presidente municipal de Cancún, Paul Carrillo, defendió los presuntos beneficios de la ley, que -dice- protege a la industria turística, garantiza “la sana convivencia de los habitantes y fortalece la cultura de respeto a los derechos de terceros en un marco de pluralidad”.

NOROÑA ESCRIBE CARTA AL GOBERNADOR

Entre la polémica desatada por la aprobación de la ley, el ex diputado Gerardo Fernández Noroña, el gobernador del estado, Roberto Borge, así como diputados, funcionarios públicos locales y tuiteros, se enfrascaron en una discusión en la red social de Twitter, en donde se criticó y defendió el nuevo mandato.

Noroña reprochó el surgimiento de esta ley y llamó “represor” al mandatario estatal, quien le respondió a través de su cuenta de Twitter @betoborge:

“Sr @fernandeznorona no caeré en sus Insultos, bajezas, lenguaje soez y provocaciones. Como Jefe del Ejecutivo de Q.ROO respeto a la legalidad”, mensaje que fue replicado por diversas cuentas que, a decir del ex diputado Noroña, eran cuentas “ficticias”.

Sin embargo, Noroña escribió una carta pública al gobernador quintanarroense, titulada “¿Por qué se manifiesta el pueblo?”, en la que cita al menos 10 motivos por los que la sociedad ha salido a manifestarse en el estado.

Entre ellas, menciona la molestia de la gente ante la aprobación de la reforma hacendaria, mediante la cual legisladores federales permitieron el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 11 al 16% en zonas fronterizas como Quintana Roo.

También cita la aprobación de la reforma laboral y energética o el incumplimiento de los gobiernos federal y estatal para satisfacer las demandas de acceso a hospitales públicos, educación, vivienda, servicios públicos y seguridad.

“Que la gente está cansada de la extorsión del crimen organizado a quienes realizan una actividad económica legal y con mucho esfuerzo” o “que la gente trabaje 10 horas en promedio y que reciba a cambio salarios miserables y ninguna prestación y exija mejores condiciones de trabajo o se manifieste contra despidos injustificados”, expuso como parte de los motivos para manifestarse.

Agregó que “la gente es despojada de sus terrenos, sobre todo en la Riviera Maya y quiera defenderse del atropello” e incluso, la aprobación del megaproyecto denominado Dragon Mart Cancún, así como la defensa de los recursos naturales del estado.