Los reveses en costosos programas de armamentos con el consiguiente derroche del dinero de los contribuyentes, marcan un mal comienzo para el Pentágono en 2014, cuyo presupuesto para el año supera los 570 mil millones de dólares.
Son varios los modernos sistemas de armas actualmente en diferentes fases de desarrollo que muestran la reiterada ineficiencia de los militares en esta gestión. Por ejemplo, a mediados de enero el Departamento de Defensa reconoció que los nuevos buques de combate en el litoral (LCS) enfrentaron fallas significativas en las pruebas operacionales y un alza en sus costos de producción, dificultades que datan de muchos meses atrás.
Los ensayos realizados confirmaron las deficiencias de esas embarcaciones, en particular sus capacidades de lucha antiminas, señaló el director de pruebas del Departamento de Defensa, Michael Gilmore, en un informe confidencial obtenido a mediados de enero por la agencia noticiosa Bloomberg News.
El reporte documenta los desafíos que enfrenta la Marina de Guerra estadounidense en la producción de esos buques, diseñados para operar en aguas cercanas a las costas, pero que tuvieron un desempeño por debajo de lo previsto. Los planes iniciales contemplaban construir 52 LCS para el año 2026 a un precio total de 35 mil millones de dólares, pero ahora se adquirirán solo 32 de estos medios, a la compañía Lockheed Martin debido a las crecientes dificultades en los sistemas de fuego y navegación.
Gilmore refiere en el texto las fallas de uno de estos buques, el USS Freedom -construido a un costo de 440 millones de dólares- durante un viaje experimental de nueve meses a Singapur en 2013.
Esa nave fracasó en 14 de las 28 pruebas que se le realizaron, incluidas evaluaciones de sus sistemas de comunicaciones, eléctricos, de propulsión y contra incendios.
De forma similar se comportó recientemente otro LCS, el USS Independence, con aprietos en sus consolas de operación, el equipo de generación de energía, los componentes de sus sistemas automatizados, comunicaciones e infraestructura de apoyo, agrega el documento.
Otro equipo que sigue dando dolores de cabeza al mando militar estadounidense es el polémico Caza de Ataque Conjunto (JSF) F-35, el más caro en la historia del Pentágono, que ya tiene un sobregiro de 150 mil millones de dólares, por encima de los cálculos iniciales para su producción. El Departamento de Defensa tuvo que hacerle modificaciones en 2003, 2007, 2010 y 2012 debido a serios inconvenientes tecnológicos, demoras y costos excesivos, a pesar de que es un equipo de tecnología de última generación.
Según un estudio oficial reciente, el Pentágono tendrá que pagar por la adquisición de estas aeronaves unos 12 mil 600 millones de dólares anualmente hasta 2037. El gasto por avión ascendió, de un estimado de 81 millones de dólares en 2001 a 161 millones actualmente.
Un reporte publicado el 23 de enero por el Centro para la Política Internacional (CPI), uno de los “tanques pensantes” estadounidenses, asegura que la compañía Lockheed Martin mintió al afirmar que la construcción del F-35 crearía más de 125 mil empleos en 46 estados de la Unión.
La realidad es que el polémico JSF apenas promoverá el surgimiento de la mitad de los trabajos que promete dicha empresa, principal contratista del Pentágono, de acuerdo con William D. Hartung, autor principal del estudio del CPI y un frecuente crítico de los gastos superfluos de Washington.
Hasta la fecha, Lochheed construyó unos 100 aparatos de ese tipo, una parte de cuyos componentes y piezas son importadas, y el objetivo final del Pentágono es adquirir alrededor de dos mil 457.
A pesar de todas estas dificultades, el presupuesto de defensa para 2014 aprobado a mediados de enero por el Congreso, asigna fondos para la compra de 29 F-35 hasta el 30 de septiembre.
En ese sentido, un artículo del número más reciente de la revista estadounidense U.S. News and World Report (USN&WR), señala que si existiera un salón de la fama de las cosas mal hechas por el Congreso, el F-35 debiera ser uno de los primeros en entrar.
La publicación pide que este programa sea desestimado en su totalidad por los altos costos y las limitaciones de sus capacidades combativas.
Sin embargo, USN&WR reconoce que el Capitolio es reacio a reducir planes de adquisición de armas que generen empleos, en especial en los respectivos estados y distritos de los legisladores. Por eso existe todo un caucus o grupo de interés en el Congreso dedicado a mantener este proyecto de costo excesivo y capacidades bélicas mínimas, para complacer intereses locales en este año en el que se celebrarán las elecciones legislativas en noviembre, acota el artículo.
Otro polémico programa que también sigue adelante a pesar de sus problemas es el del avión V-22 Osprey, aparato de transporte de rotor inclinable, que tiene posibilidades de aterrizar y despegar como un helicóptero, cada uno con un costo aproximado de 70 millones de dólares.
Hasta la fecha están en operación más de 200 Ospreys, que tienen un nefasto récord de accidentes fatales: desde 1991 han caído a tierra siete de ellos, con un saldo total de más de 40 muertos.
Uno de esos desastres ocurrió en el estado de Arizona, donde 19 infantes de marina murieron al estrellarse uno de estas aeronaves durante un entrenamiento en 2000, y una tragedia similar ocurrió en Carolina del Norte en diciembre del mismo año con el deceso de cuatro infantes de marina.
Hay muchos más ejemplos, pero uno de los más recientes es la instalación de aerostatos en la costa oriental estadounidense, denunciados por grupos de derechos civiles como parte del creciente espionaje masivo del gobierno contra sus ciudadanos.
Las fuerzas armadas norteamericanas prevén ubicarlos a partir de octubre próximo en el polígono de pruebas del Ejército en Aberdeen, estado de Maryland, a unos 80 kilómetros al noreste de Washington, señaló el 24 de enero un artículo del diario The Washington Post.
El Pentágono gastó cerca de siete mil millones de dólares en varios de estos medios entre 2007 y 2012, aunque la mayoría de ellos sufren serios problemas técnicos, demoras en la entrega y costos excesivamente altos, reconoció un informe reciente de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO).
Estos aerostatos también han sufrido otros reveses, como un accidente en 2010 por fallas estructurales en su edificación, que dañó uno de los aparatos en el estado de Carolina del Norte.
El desarrollo de este programa, que preveía la adquisición de 16 plataformas similares, alcanzó un costo total de dos mil 700 millones de dólares, pero la industria solo ha sido capaz de entregar dos de ellos, el que se instalará en las proximidades de la capital norteamericana y un segundo en el estado de Utah.
Los aparatos, atados a tierra, rastrearán la aproximación de cohetes crucero o aviones enemigos como parte de la defensa antiaérea capitalina, pero también a vehículos e individuos en la superficie del terreno o embarcaciones en el mar a 270 kilómetros aproximadamente.
Estos son solo algunos ejemplos de sistemas de armamentos de última generación, pero de altos costos y entregas tardías por parte de grandes
compañías del complejo militar industrial, que consumen los fondos extraídos de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses.
A este derroche se suman los altos montos de recursos financieros que dedican las instituciones castrenses de Estados Unidos a los conflictos armados pendientes, en particular en Afganistán.
Desde que Estados Unidos inició la guerra contra ese país asiático en octubre de 2001, unos dos mil 170 militares norteamericanos murieron y otros 19 mil 573 resultaron heridos en la contienda, mientras el costo total de las operaciones rebasa el billón de dólares, según datos oficiales.