Confrontación legislativa por la legislación secundaria
Mireille Roccatti
La terca realidad que siempre se impone, los últimos días, está haciendo de las suyas en los recintos parlamentarios. La serie de reformas constitucionales realizadas por el gobierno con el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias, en un ejercicio inédito de madurez política, están encontrando resistencias y enfrentando obstáculos que ponen en evidencia la mezquindad de la oposición que antepone sus cálculos electoreros inmediatos, al interés superior de la republica.
Lejos de pretender unanimidades o apoyos irracionales a las iniciativas del gobierno, lo que la sociedad esperaría es una discusión de ideas, una controversia de argumentos, una esgrima parlamentaria que privilegie el dialogo civilizado, que honre la labor legislativa, que se discutan con pasión pero reflexivamente los alcances de la legislación reglamentaria de las reforma constitucionales emprendidas.
Es claro que esta nueva alternancia que permitió el regreso del PRI al poder ha sido aleccionadora en varios sentidos. Por principio, mostró que es posible tener y defender un proyecto de país, que se puede negociar con la oposición una agenda mínima de transformación, acordando y consensuando la ruta y el ritmo de los cambios. Se demostró también que con oficio y tacto político un Ejecutivo que sea capaz de sentarse a negociar puede alcanzar acuerdos con el Congreso, sin que necesariamente cuente con mayorías parlamentarias.
Una arista adicional es que evidenció que sin plantear un regreso al pasado, porque el reloj de la historia no retrocede, era posible que el Estado recupere espacios que de suyo le pertenecen y que indebidamente se habían entregado a poderes factuales. Por eso hoy testimoniamos la resistencia de los grupos de interés afectados por la recuperación del poder rector del Estado.
Las reformas aludidas —educativa, de competencia económica, de telecomunicaciones, hacendaria-fiscal, política y energética— cierto es que requieren de reformas legales para instrumentarlas, pero también es necesario resaltar que obedecen en sus alcances y contenido a la planeación democrática del desarrollo mandatado por nuestro propio texto constitucional y que se materializa en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las políticas públicas entendidas como el accionar del gobierno para atender los reclamos y requerimientos de los gobernados, no son sólo un ejercicio de gabinete o retorica ociosa por parte de quienes por la vía del voto arriban al poder. Es una función esencial del ejercicio del poder, no es tampoco oficio limitado a la tecnocracia, constituye el corazón, la energía vital de un gobierno que tenga como objetivo superior el desarrollo integral de la sociedad.
En nuestro México, en el que tenemos arraigada hasta la medula la crítica irracional, el cuestionamiento per se, donde denostar a la autoridad de cualquier índole y de cualquier nivel constituye un deporte nacional, la comprensión y entendimiento de la formulación, instrumentación y evaluación de las políticas públicas es casi nulo.
La importancia de concretar la legislación secundaria de las reformas constitucionales resulta vital para el futuro del país, por ello, indigna que la miopía política de los partidos políticos que regatean, o peor aún, han tomado de rehén la discusión de la legislación reglamentaria. Actúan sin comprender que, si alcanzaran el poder, las reformas que hoy escatiman de llegar al poder les harían falta, y demuestran con ello su carencia de visión de Estado. Quienes así actúan, olvidan que México ya cambió y que les cobrará en las urnas su mezquindad política.