Alejandro Zapata Perogordo
Como reguero de pólvora corrió la noticia el pasado sábado 22 de febrero, cuando por la mañana surgieron los rumores de la captura, en el puerto de Mazatlán, del principal capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Esa información la filtró un funcionario norteamericano, señalando con énfasis el acontecimiento, provocando un ambiente de expectación, pues se trataba de un caso relevante. Pasado el mediodía, el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, lo confirmó.
Todos los medios de comunicación comenzaron a dar cuenta de lo ocurrido; un operativo conjunto llevado a cabo entre la DEA y la Marina Armada de México, utilizando sistemas de inteligencia y los aviones no tripulados denominados drones, fueron los encargados de realizar la acción. Algunos voceros de esas corporaciones incluso han destacado que siguieron en tiempo real la secuencia de la captura del fundador del cártel de Sinaloa, cuya popularidad creció entre la delincuencia organizada a raíz de su fuga del penal de Puente Grande en 2001, cuando cumplía una condena de más de veinte años de prisión.
Guzmán Loera no es un delincuente ordinario, tenía bajo su mando un poderoso ejército dedicado al crimen organizado, con una estructura cimentada a lo largo de años, forjando un imperio de poder tanto en México como en más de 54 países, incluyendo Estados Unidos, amasando una riqueza que la revista Forbes cataloga en los primeros lugares del mundo.
La captura del Chapo abre una serie de interrogantes y especulaciones que la propia autoridad deberá ir dando respuestas. La primera, de gran importancia, consiste es determinar dónde va a ser juzgado, ¿aquí en México o en Estados Unidos?, ya que la participación de los norteamericanos para conseguir su detención, a decir de los hechos, fue determinante para atraparlo, circunstancia que los legitima para solicitar su extradición. Además, ¿qué país va a reclamar los bienes, será en donde es juzgado o en el lugar donde se encuentren?, ambas cuestiones son de trascendencia, tienen pros y contras.
Un hecho evidente y notorio consiste en la protección que —sin duda— tenía el capo por parte de autoridades, pues de otra manera no puede explicarse su estancia en un centro turístico como Mazatlán. Es fundamental comenzar a deslindar responsabilidades, pues por lo visto se opera con la mayor impunidad, en las narices de las autoridades y seguramente hasta con la complacencia, complicidad y protección de algunas de ellas.
La investigación comienza con la detención de Joaquín Guzmán y es ineludible obligación reunir los mayores datos, documentos y elementos posibles, ya sea a través de cateos o de cualquier medio legal al alcance, sobre bienes, entramado financiero, nombres de socios, cómplices, nóminas y todo lo derivado de su actividad, a fin de contar con certeza para desarticular hasta donde sea posible esa banda criminal y proceder a las siguientes detenciones.