Ley Federal de Competencia Económica

Miguel Barbosa Huerta

Para las y los senadores del PRD es una prioridad que esta ley incluya disposiciones para combatir efectivamente el acaparamiento y la especulación de los productos básicos como la tortilla, el huevo y la carne.

Se trata de un tema complejo y, precisamente por esta circunstancia, es importante que los legisladores realicemos todos los esfuerzos a nuestro alcance para informar a la ciudadanía de las implicaciones de este ordenamiento.

El 11 de junio del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por medio del cual se otorgó a la Comisión Federal de Competencia Económica el carácter de órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar la libre competencia; así como facultades para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

La Ley Federal de Competencia Económica, que ahora se discute en el Congreso, reglamenta el artículo 28 Constitucional en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones.

En el Grupo Parlamentario del PRD analizamos a detalle la propuesta en esta materia que el gobierno de la república envió en días pasados. En la discusión de este proyecto de ley, nuestro Grupo Parlamentario ha definido los ejes que impulsaremos para que definan el perfil de la competencia económica en México.

Desde la izquierda, consideramos que esta ley, independientemente de su complejidad técnica, debe traducirse en beneficios palpables para la sociedad. Contar con una ley que beneficie a la población significa disponer de una herramienta que permita eliminar prácticas que afectan los precios de los productos de consumo básicos de la mayoría de los mexicanos.

Queremos una ley que dé certeza jurídica a los sectores productivos del país. ¿Cómo lograr esta certeza? Por medio de la consolidación de un órgano garante de la competencia económica que actúe con autonomía, independencia y transparencia en sus decisiones. Debe tenerse plena conciencia de que en nuestro país existen grandes monopolios en áreas específicas de nuestra economía, por lo cual deben establecerse sanciones y multas proporcionales al daño ocasionado.

La Comisión Federal de Competencia, tal y como lo establece la refoma, debe tener la atribución de emitir opiniones por cuenta propia, a solicitud del Ejecutivo federal o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a petición de parte, respecto a las iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en materia de competencia económica.

También debe opinar respecto a la incorporación de medidas protectoras y promotoras de la competencia en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, de los procesos de licitaciones, asignaciones, concesiones, permisos y licencias que realicen las autoridades.

Deben prohibirse actos o conductas anticompetitivas que tengan como objeto o efecto directo o indirecto, dañar o disminuir, restringir o afectar en cualquier forma la competencia económica.

Con excepción de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma deberá contener elementos que permitan idetificar potenciales problemas de competencia en sectores recientemente liberalizados, como es el caso del sector energético. Después de esta reforma, la Comisión Federal de Competencia Económica deberá tener la capacidad para ganarse la credibilidad y confienza de la ciudadanía.

 

 

Coordinador parlamentario prd Senado de la República.