Derechos humanos en México
Raúl Jiménez Vázquez
Hay varias alarmas prendidas en el plano internacional. La primera está relacionada con las 176 recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal, a cargo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado el pasado mes de octubre. Éstas conforman un cúmulo impresionante de focos rojos que evidencian transgresiones a granel a los derechos humanos.
Al momento de la elaboración de esta entrega aún se desconoce cuál será la posición de nuestro país respecto a temas álgidos como la fabricación de culpables, la desprotección de pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos y la persistencia de la figura del arraigo y del fuero castrense en delitos cometidos por militares en contra de civiles, no obstante lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del fallo dictado en el paradigmático caso Rosendo Radilla Pacheco.
Asimismo, es menester aludir a la crítica emitida por el gobierno de Estados Unidos en el Reporte Anual 2013 sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, donde se destaca el involucramiento de policías y miembros de las fuerzas armadas mexicanas en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, sin que los responsables hayan sido sancionados en forma alguna.
El cuadro se complementa con el Barómetro de Conflictos 2013 difundido por la Universidad de Heidelberg, en el que se señala a México como la única región del continente americano que se halla en guerra y se precisa que esta hórrida realidad emergió a raíz de la sangrienta lucha contra los cárteles de la droga impulsada por el otrora presidente Felipe Calderón. Según este reporte, nos encontramos al mismo nivel de Afganistán, Siria, Pakistán e Irak.
Esta percepción se reforzó con la instrumentación de la vía de la paramilitarización en Michoacán, lo que convirtió a los grupos de autodefensa en la punta de lanza del ataque contra los Templarios y es por ello que sus 25 mil integrantes portan armas de grueso calibre, se desplazan libremente cobijados por milicianos, participan en refriegas a fuego graneado, toman poblados, efectúan detenciones y ejercen de facto funciones de autoridad.
Tal escenario reviste una dimensión cualitativamente superior a la de un mero operativo de seguridad pública. Estamos en presencia de un genuino conflicto armado interno que se rige por las normas humanitarias consagradas en el artículo tercero común de los cuatro convenios de Ginebra, cuyas violaciones son tipificatorias de crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma y, en consecuencia, sus autores eventualmente podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
Así pues, el Estado mexicano se encuentra literalmente en el ojo del huracán. Esperamos que el presidente Peña Nieto y su equipo estén plenamente conscientes de la gravedad de la situación.