Debemos comprometernos para transformar la enseñanza
Miguel Barbosa Huerta
Al iniciarse la presente legislatura, el tema educativo se reveló como uno de los grandes pendientes nacionales. Diversos estudios internacionales dan cuenta de la triste realidad en la cual se encuentra nuestro país en esta materia en relación con las naciones que integran la OCDE, en comparación con otros países latinoamericanos y, lo más importante, en retrospectiva con nuestras propias aspiraciones nacionales desde principios del siglo XX.
El 10 de diciembre de 2012, el presidente de la república, con el respaldo de las direcciones partidarias del PRI, del PAN y del PRD, presentó y envió al Congreso una propuesta de reforma a los artículos 3º y 27 constitucionales, con lo que se inició un proceso que concluyó el 26 de febrero de 2013, cuyos contenidos establecen la obligación del Estado mexicano de garantizar la calidad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos directivos mediante concursos de oposición; la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el fortalecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) mediante el otorgamiento de su autonomía y ampliación de sus facultades.
Tras la promulgación de la reformas constitucionales, el Congreso, en un periodo extraordinario en 2013, elaboró la reglamentación correspondiente a través de la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y diversos cambios a la Ley General de Educación.
En medio de este proceso, surgió una pregunta que nos enfrentó con nuestra realidad educativa: nadie sabía, a ciencia cierta, cuántos profesores existían en el país, cuáles eran sus condiciones laborales y, lo más importante, la situación de los millones de niños y jóvenes que asisten diariamente a clases.
Por mandato constitucional, se solicitó al INEGI la realización en 2013 de un censo de escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica del sistema educativo escolarizado y especial.
Hace unos días, el INEGI, encabezado por Eduardo Sojo, entregó a las SEP los resultados de este censo que, a decir del propio Instituto, tuvo como objetivos disponer de la ubicación geográfica de todos los inmuebles en donde se imparte educación de nivel básico y de educación especial, así como de aquéllos en los que se atienden asuntos de tipo administrativo.
Conocer la situación de la infraestructura instalada, los servicios, el equipamiento y mobiliario escolar de cada inmueble educativo, así como el uso de los espacios disponibles, con el fin de determinar las condiciones en las que se imparte la educación básica y especial.
Tener un registro de los datos generales de todo el personal que labora en los centros de trabajo, así como las características de sus plazas, la escolaridad alcanzada, las funciones que realizan, la capacidad recibida y los programas en que participan.
En el caso de los docentes frente al grupo, identificar el grado, grupo y materias que tienen a cargo y las horas de clase que imparte a la semana, y contar con un registro de cada uno de los alumnos según su grado y nivel educativo, así como sus características sociodemográficas generales.
Se trata de un instrumento que será de gran utilidad. Entre sus principales resultados se encuentra que existen 236 mil 973 centros de trabajo; que hay un millón 266 mil 574 maestros y 23 millones 562 mil 183 alumnos. El propio INEGI acepta que no pudieron censar 24 mil 658 centros de trabajo; 158 mil del personal de planeación y 2 millones 215 mil 201 alumnos.
En cuanto a los centros de trabajo. El 90.9% cuenta con pizarrón o pintarrón; el 79.7% con escritorio para el maestro; el 79.2% con silla para el maestro; el 85.3% con mueble para que los niños se sienten y el 85.9% con mueble para que los niños se apoyen. También destaca el porcentaje de escuelas que disponen de tecnologías de la información y comunicación. El 60% cuenta con equipo de computo; el 39.4% con servicio de Internet y el 36.2% con línea telefónica.
En cuanto a características de los inmuebles. El 70% de las primarias cuentan con agua de la red pública; 91.7% con energía eléctrica; 88.8% con baño o sanitario y 56.3 con drenaje. En secundaria la situación es similar.
En lo referente al personal, el censo identifica que el 86.8% se encuentra en escuelas de educación básica; el 1.2% en escuelas de educación especial; el 9.9% en centros de trabajo administrativos y de apoyo a la educación básica y el 2.1% en apoyo a la educación especial. En términos de función, el 71.5% son docentes frente a grupos; 6% realiza actividades directivas; el 8.2% de apoyo y el 14.3% realiza funciones administrativas, de servicios y otras. La edad promedio de los profesores de preescolar es 36 años; el de primaria de 38, y el de secundaría de 41 años.
En cuanto a los alumnos. El promedio de alumnos por grupo en preescolar según tipo de servicios. En general es de 19.7 alumnos por grupo; en indígena 14.9 y en comunitario 7.7 alumnos. En primaria, el promedio es de 23 alumnos por grupo; en indígena 14.6 y en comunitario 9.1. En secundaria es de 32.4 alumnos por grupo; en secundaria técnica es 35.6; en secundaria para trabajadores de 18.7, en telesecundaria 18.6 y en comunitaria 10.2 alumnos por grupo. El 27.8% de los alumnos de nivel preescolar tienen acceso a una computadora y el 16.1% a Internet; el 55% de alumnos de primaria tienen acceso a computadora y el 39.3% a Internet; mientras que en secundaria, el 83% de alumnos tiene acceso a computadora y el 60.1% a Internet.
Este censo es apenas el primer paso, una herramienta para la transformación educativa, un cambio al que todos debemos comprometernos.
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República.