El Poder Judicial tendrá la última palabra
Teodoro Barajas Rodríguez
Diversas reacciones se han registrado por sucesos que se presentaron para recordarnos que no está extinta la capacidad de asombro, por una parte las desviaciones del exdirigente del PRI en la capital del país, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como el arraigo del exsecretario de Gobierno de Michoacán Jesús Reyna García.
Ambas situaciones se comentan profusamente, Gutiérrez de la Torre desde hace años resultaba impresentable por sus antecedentes conflictivos, malas compañías y peores conductas, seguramente será expulsado del PRI porque sólo abona desprestigio, basura.
La capital del país ha sido en los últimos 17 años una plaza de la izquierda, el primer gobierno electo democráticamente lo ganó Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, desde entonces ha reiterado su mayoría, aunque las condiciones han dado vuelcos máxime ante la inminente repartición de votos una vez que Morena presente a sus abanderados, el PRI podría resultar beneficiado pero no con Cuauhtémoc Gutiérrez.
Implicado en una presunta red de prostitución el escenario del dirigente de pepenadores ahora enjuiciado por la opinión pública como proxeneta, ya el PRI se ha deslindado de su correligionario.
En Michoacán suceden diversas situaciones, hace más de un año emergieron las autodefensas quienes pretendieron llenar los vacíos de la autoridad ante el abuso y acoso de los grupos de la delincuencia organizada, quienes extorsionaban, mataban y sembraron terror fundamentalmente en la Tierra Caliente. Se invocaba la justicia, sólo que al ser un grupo fáctico las propias autodefensas estaban al margen de la ley.
El crimen organizado se afianzó peligrosamente desde las administraciones perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, seguramente se recordará que un exdiputado de esa extracción es un prófugo de la justicia, nos referimos a Julio César Godoy Toscano.
Actualmente quien fuera gobernador interino de Michoacán y hace unos días todavía secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, está bajo arraigo por presuntos vínculos con el crimen organizado, el hecho ha generado diversas especulaciones porque resulta inevitable dada la magnitud del suceso.
Algunos recuerdan aquel despliegue mediático en el gobierno de Felipe Calderón en que se detuvo a un alto número de servidores públicos a los que la administración panista vinculaba con el crimen organizado, aunque fue una apuesta fallida porque al final todos quedaron en libertad.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto no es como su antecesor y la intervención en Michoacán es muy distinta a la que se registró en el sexenio pasado, con Calderón no hubo mayores inversiones ni seguimiento, se distinguió por enviar efectivos militares, más policías y declarar una guerra sin táctica y menos estrategia. Lo que debe imperar en los casos señalados es la aplicación de la norma, si las investigaciones reportan actos ilícitos existen los códigos que tipifican delitos y el Poder Judicial tendrá la última palabra.