Compromisos de papel
Raúl Jiménez Vázquez
Haber aceptado el grueso de las observaciones que le fueron formuladas dentro del Mecanismo de la Evaluación Periódica Universal, comprometió al Estado mexicano a investigar las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas; reformar el Código de Justicia Militar para que los delitos en los que concurran milicianos y civiles sean juzgados por tribunales ordinarios; superar la desprotección en que se hallan periodistas y defensores de derechos humanos; y desterrar la nefasta práctica de la fabricación de culpables.
Respecto a la primera de estas cuestiones medulares, el gobierno federal aún no ha dado muestras de que efectivamente se procederá a fondo en contra de los militares que han sido señalados como presuntos responsables de violaciones graves a derechos humanos.
El acotamiento del fuero de guerra todavía no ha sido transportado a la realidad; lejos de ello, en el Congreso de la Unión se hace patente, cada vez con mayor intensidad, la presión de quienes se oponen abiertamente a la medida estatuida por los representantes de las Naciones Unidas.
La tutela de periodistas y defensores de derechos humanos continúa en el aire. De acuerdo con información difundida por la organización Reporteros sin Fronteras, el secretario de Gobernación reconoció, sin ambages, el fracaso del mecanismo de protección ad hoc concebido en el interior de la dependencia a su cargo y se comprometió a reestructurarlo lo antes posible. Tal desbarajuste obedece a muchas causas, una de ellas es el ominoso y abrupto despido del que fueron objeto varios directivos que tenían a su cargo la operación de este instrumento institucional, incluyendo a la brillante abogada y exintegrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diana Díaz Montiel.
Finalmente, las señales sobre el combate a la criminalización de inocentes son débiles a más no poder. El destacado comunicador José Reveles, Premio Nacional de Periodismo, dio a conocer hace unos días que quienes fueron presentados como los guardaespaldas de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, no son tales, sino que se trata de personas totalmente ajenas a dicho personaje que fueron elegidas y secuestradas ex profeso, una de ellas cuando comía en una taquería, con el propósito de armar un enésimo montaje escénico. No obstante la contundencia de las pruebas que acreditan la simulación, la PGR no ha hecho nada para poner en libertad a los afectados.
Un caso más de la monstruosa patología de la fabricación de culpables es el de Carlos Omar Ramos Espinosa, quien tras habérsele imputado un homicidio que no cometió fue condenado a 35 años de prisión. Empero, la Procuraduría de Justicia del D.F. permanece ciega, sorda y muda ante este gravísimo ataque a la dignidad de un ser humano que sufre y clama por su libertad desde el Reclusorio Norte.
De no haber un quiebre estratégico en esta línea gubernamental, se evidenciará que lo asumido ante la comunidad internacional son meros compromisos de papel.