Legítimos derechos de la infancia mexicana
El oído atento al necesitado
y las manos abiertas a sus demandas.
Agustín Yáñez.
En memoria del maestro de Jirafas,
Gabriel García Márquez.
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Con el pretexto de realizar consultas internas y técnicas para evaluar las condiciones en las cuales pueda ser ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos excusó la inexcusable dilación mexicana para firmar un instrumento internacional a favor de los derechos fundamentales de los niños mexicanos.
En sentido adverso a la proverbial política de apoyo y protección a la infancia, la administración de Felipe Calderón —inmersa en sus siniestras acciones de violencia— no instruyó la inmediata ratificación de un documento que protege de la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual a los menores.
Lamentablemente el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco ha mostrado interés en procesar y ratificar dicho Protocolo, hecho que preocupa puesto que el eje sustantivo de la política de su paisano Adolfo López Mateos fue, precisamente, el apoyo a la niñez mexicana, concretado en la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), el 31 de enero de 1961.
La institucionalización por parte del mexiquense del programa Una gota de leche, impulsado por la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, creada en 1929 bajo el patrocinio de la esposa del presidente Portes Gil, fue la impronta del gobierno de López Mateos y la concreción del sólido programa que Agustín Yáñez construyó a lo largo de su mandato como gobernador de Jalisco.
La preocupación del escritor y político jalisciense por la infancia no sólo se manifiesta en su reconocida obra literaria, sino en sus acciones de gobierno, las cuales le valieron un amplio reconocimiento nacional, por el establecimiento de los desayunos escolares que, desde el 30 de abril de 1953, permitieron brindar un singular valor educativo a la conjunción de esfuerzos de la sociedad civil a favor de la infancia de su estado.
Apoyado por su esposa, doña Oliva Ramírez de Yáñez, y gracias a los esfuerzos sociales, el escritor aportó reflexiones y estrategias fundamentales a la creación del INPI, escindiendo la protección a la infancia del campo asistencial, para ubicarla en el campo de las políticas de Estado y vincularla al derecho inalienable a la educación pública, gratuita y laica, consagrada por la Constitución.
Años más tarde, en 1975, la transformación de la institución aportó la creación de la Procuraduría para la Defensa del Menor, ubicando a México como paradigma internacional, pues al año siguiente recibió el reconocimiento Maurice Paté, otorgado por la Unicef por su labor a favor de los derechos de la infancia.
Resulta inexcusable que se esgriman consultas internas para no ratificar un instrumento diplomático que responde con oídos atentos y las manos abiertas a los legítimos derechos de la infancia mexicana.