La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró hoy que México debe reformar cuanto antes la legislación y regulación del sector de las telecomunicaciones con el fin de incrementar la competencia y la inversión e impulsar el crecimiento de la economía, por lo que enlistó acciones para fortalecer al regulador en la materia.
El organismo internacional considera, según su nuevo “Estudio de la OCDE sobre las Políticas y Regulación de Telecomunicaciones” que la falta de competencia ha causado que los precios sean extremadamente altos para los consumidores y los negocios y ha frenado la adopción de nuevos servicios.
La OCDE calcula que esto ha costado a la economía mexicana aproximadamente 25 mil millones de dólares cada año, lo que equivale a cerca del 2% del PIB.
Apunta que “la deficiente regulación han traído como resultado que actualmente un operador tenga una cuota de mercado del 80% de la telefonía fija y del 70% de la móvil. En los países miembros de la OCDE, la cuota de mercado promedio del mayor operador móvil está en torno al 40%.”
Este lunes, el organismo internacional advirtió al Senado que “existen serias deficiencias en el texto actual de la reforma en telecom que deben resolverse” y que contiene un exceso de detalles regulatorios que afectará la operación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al opinar sobre la iniciativa del Ejecutivo de ley secundaria en telecomunicaciones, el organismo internacional destacó que la iniciativa es demasiado prescriptiva en cuanto a la regulación del mercado, por ejemplo, en materia de interconexión y regulación tarifaria al por menor, lo cual obstaculizaría las funciones del Instituto, pues socava su facultad de analizar y regular.
En su nuevo comunicado, afirma que “sería de gran ayuda acometer la reforma del actual sistema judicial (especialmente en materia de amparos), el cual permite a las empresas apelar sistemáticamente las decisiones del regulador”.
El proceso de apelación debe simplificarse y tanto gobierno como regulador deben hacerse responsables de la formulación de políticas y de la regulación, y no el poder judicial, sugiere.
“México debería darle a la autoridad reguladora, mayor poder e independencia”, considera.
Esto incluiría aumentar su independencia financiera y administrativa y darle la posibilidad de imponer sanciones más altas de lo que puede actualmente para desalentar las prácticas anticompetitivas.
La “doble ventanilla”, por medio de la cual se realiza un proceso regulador dos veces por dos autoridades distintas, debería ser eliminada y los procesos que llevan a las decisiones de regulación simplificados, considera.
El organismo apunta que México también debe reformar el actual sistema de concesiones para simplificar y alentar la entrada al mercado, además de delimitar claramente la línea entre las funciones de formulación de políticas y de regulación, siendo estas últimas trasladadas a la COFETEL.
Ésta, debería realizar los análisis de los mercados, declarar si un operador tiene el poder sustancial, e imponer y aplicar de manera efectiva, las obligaciones adecuadas, incluyendo la regulación asimétrica.
Deben eliminarse las barreras a la inversión y propiedad extranjeras de las redes de telefonía fija para alentar la entrada al mercado y la inversión.
La COFETEL debe ser competente para establecer condiciones no discriminatorias para el acceso a cuellos de botella e infraestructuras esenciales, incluyendo la desagregación del bucle local.
La consolidación de áreas de servicio local (ASL) debe realizarse según lo determine la COFETEL con la finalidad de asegurar menores costos de llamadas entre las áreas afectadas; y
Deberá liberarse suficiente espectro y “fibra oscura” de la CFE -Comisión Federal de Electricidad- para satisfacer la creciente demanda de banda ancha móvil, servicio de datos y conectividad troncal (backbone). No obstante, debe existir la debida vigilancia para evitar situaciones de dominio en estos mercados.