EN LA PALESTRA
Embarazo de adolescentes
Angélica de la Peña Gómez
El embarazo de adolescentes está considerado de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es producto de la desorientación, desinformación, discriminación y la violencia de todo tipo, especialmente la sexual; esto refleja una falta de conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Esta situación obliga a las adolescentes a afrontar -casi siempre solas- las consecuencias de un embarazo no programado y no deseado, pues al carecer de acceso a la educación o tener que abandonarla, no están preparadas para subsistir, para fortalecer su autoestima, su posición como sujetas de derechos en su familia y en su comunidad.
Lo anterior viene a cuento por la visita que Regina Tamés, en representación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hizo a la Cámara de Senadores para invitar a las y los senadores a sumarse y apoyar la campaña #RecuperaUnaOportunidad. Es una llamada de atención hacia este fenómeno social.
El informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de Naciones Unidas, sitúa entre las causas de este fenómeno: pobreza generalizada, matrimonio infantil y esfuerzos inadecuados para mantener a niñas y adolescentes en la escuela.
Vergonzante para nuestra sociedad es la revelación que hace el mismo estudio al señalar que el 23 por ciento del total de niñas y adolescentes mexicanas cumple la mayoría de edad tras haber contraído matrimonio, lo que implica que 4.5 millones de niñas están casadas antes de cumplir la mayoría de edad (en octubre de 2013 el INEGI difundió que hay 19.8 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años en México).
Al revisar las tasas de hospitalización por complicaciones o aborto, el único grupo de edad en el que cada vez aumentan a mayor ritmo es en el de 10 a 14 años, que en 2012 ya llegó a ser de 7 por ciento del total. De 1990 a 2012 se registraron 3 mil 473 muertes maternas de adolescentes de 15 a 19 años.
Lamentablemente no hay estado de la república que no presente esta problemática, con marcada tendencia al alza en Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.
Es obvio que las políticas públicas de educación sexual y salud reproductiva, desarrollo social y humano, así como la aplicación de la ley que debe proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, son deficientes, desarticuladas.
En el Senado ya hemos dado pasos importantes para construir una solución, como eliminar las llamadas “promesas de matrimonio”, y estamos por concretar la necesaria y urgente reforma a la Ley contra la Trata de Personas, además de fijar los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.
Tenemos el compromiso de concretar las acciones necesarias para prevenir y atender la violencia de género, erradicar el matrimonio o la unión de hechos de niñas y adolescentes, impartir educación sexual, garantizar acceso a métodos anticonceptivos, evitar la deserción escolar y proveer servicios de salud reproductiva especializados e integrales.
Estamos obligados a garantizar que las adolescentes hagan lo que tienen que hacer: estudiar, capacitarse, tener acceso a los derechos que les son inherentes a su propia edad, para que concreten el proyecto de vida porque tienen derecho a ser felices.
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
Twitter: @angelicadelap