¿Reformas para gobernar?

 Se habla hasta la saciedad de la necesidad de adecuar el sistema institucional mexicano, cuestión que ha dado pie para realizar en los últimos años una serie de reformas, denominadas de Estado o políticas, incluyendo aquéllas de carácter electoral.

Hemos ocupado mucho tiempo e ingenio en tratar de resolver añejos vicios derivados del ejercicio del poder, sin que hasta la fecha se observen resultados tangibles que hayan permeado en la percepción ciudadana. Un amigo, de entre los muchos insatisfechos y desesperados ciudadanos, me hizo la reflexión de cómo un gobierno honesto puede cambiar la actitud de la sociedad; sin embargo, cuando existe una administración corrupta, la sociedad es fácilmente adaptable, prefiere las cosas sencillas y evitar que la autoridad se las complique, aunque en ello vaya la clásica mordida producto de la extorsión, en consecuencia resulta muy complejo el cambiar las cosas.

Aun con los esfuerzos del Legislativo, mediante el cual se han creado y transformado instituciones dedicadas a combatir la corrupción y la impunidad, como en el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información y sus correlativos en los estados, donde los gobiernos le sacan la vuelta, o el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial, donde solamente se ha presentado una resolución por casos de corrupción en contra del funcionario Tovilla, ningún otro. La formación del Órgano Anticorrupción que no termina de aterrizar, al igual que los controles para la deuda de estados y municipios, y muchas acciones más encaminadas a evitar la deslealtad de los servidores públicos constituyen importantes cambios en el sistema aunque en realidad con magros resultados.

Todos los días nos encontramos con casos de corrupción, en todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles y en todos los poderes, ahora incluyendo la iniciativa privada. Lamentablemente, lejos de producir una disminución, se aprecia como una práctica cotidiana y en aumento, generando climas de desconfianza, de incredulidad y alejamiento entre sociedad y gobiernos.

Se observan cuando menos dos cuestiones fundamentales: la primera consiste en que las aludidas reformas, creadoras de instituciones, son de carácter reactivo, para combatir efectos, que si bien inhiben en alguna medida actos de corrupción, no se introducen directamente a las causas, circunstancia que se encuentra acéfala y es un pendiente por hacer. Por otra parte, los encargados de aplicar la ley, en términos generales, pues existen honrosas excepciones, lo hacen de manera irregular, tramposa, desde el agente de tránsito, los jueces de barandilla, los policías y así sucesivamente, hasta llegar a otro tipo de funcionarios, donde son valores entendidos, y caminamos pateando el bote, en la simulación.

Podríamos afirmar, que le hemos dedicado tiempo, recursos y esfuerzos a combatir la corrupción y la impunidad, y ahora deberíamos poner énfasis en otras áreas que requieren atención inmediata, sin embargo, seguimos anclados, imposible dejar correr ese mal endémico como si nada pasara, difícil quitar el dedo del renglón. El reclamo es que muy pocos hacen lo responsablemente correcto y la mayoría hace lo suyo, aunque no es una cuestión de malos o buenos funcionarios, sino de poner orden y desterrar del sistema esas prácticas nocivas; en síntesis, simple y sencillamente: falta de voluntad política.