Crisis humanitaria
Raúl Jiménez Vázquez
En entregas precedentes hemos hecho notar que a partir de los señalamientos realizados en el seno de la Evaluación Periódica Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Peña Nieto y su equipo se hallan literalmente en el entrecejo de la mirada internacional, y que tal percepción está reforzada con la información proveniente del Barómetro de Conflictos 2013 de la Universidad de Heidelberg, según la cual México es la única región del continente americano que se halla en guerra.
A este preocupante panorama han de añadirse ahora nuevas circunstancias de carácter internacional. Primeramente, deben destacarse las audiencias públicas celebradas hace algunos unos días en Washington en las que personeros del Ejecutivo federal comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de rendir cuentas en relación con cinco temas específicos: I) la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, II) las políticas públicas en derechos humanos y buenas prácticas, III) el trabajo de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, IV) la salud materna, V) los desafíos en la implementación del sistema de justicia penal.
El resultado fue enteramente desfavorable al Estado mexicano ya que abiertamente se le reprochó, entre otras álgidas cuestiones, I) la violencia obstétrica que padecen mujeres en estado de pobreza extrema, cuyos partos suceden indignamente en las aceras de los centros hospitalarios, II) la persistencia de la figura del arraigo, no obstante su contradicción manifiesta con los derechos humanos del acusado, III) la obstaculización sistemática de la indagatoria sobre la nefanda guerra sucia, a cargo de la Comisión de Verdad guerrerense, y la falta de garantías a sus integrantes, IV) la debilidad de los mecanismos institucionales de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Un poco antes, la Comisión Interamericana hizo público su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, donde se señala que a través de esta figura legal las autoridades mexicanas criminalizan la protesta social, justifican detenciones masivas de personas, imponen fianzas carcelarias excesivas y dan curso a la paradoja inadmisible de presos sin condena; ultrajes a la dignidad humana que asimismo han venido denunciando varias organizaciones de la sociedad civil, como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Este deshonroso pastel está aderezado con otro documento emanado también de la propia Comisión Interamericana: el informe sobre garantías de independencia de los operadores de la justicia, en el que se señala que los poderes públicos impiden a las personas el acceso a la justicia.
Todo lo aquí reseñado evidencia la existencia de una tremenda patología jurídica y política, una crisis humanitaria de enorme proporciones que no puede ya ser ignorada o soslayada por el jefe del Estado mexicano.