Eliminar el rezago habitacional
Julio A. Millán B.
Para los hogares mexicanos, la vivienda representa el activo más importante en la formación del patrimonio familiar. La vivienda es una necesidad elemental, sólo superada por la alimentación. En tanto derecho y factor de desarrollo, el Estado mexicano la ha destacado como objeto de la política social.
Según los censos de población, el número de viviendas particulares habitadas pasó de 21.9 millones en 2000 a 28.6 millones en 2010 y el promedio de ocupantes descendió de 5 personas en 1990 a 3.9 en 2010. Una vivienda está hacinada si el índice de hacinamiento es mayor a 2. De acuerdo al Censo 2010, 34.4% de las viviendas se encuentran hacinadas (9.7 millones). Así mismo, las viviendas con materiales en deterioro e insatisfactorios agrupan 1.1 millones y 7.3 millones, respectivamente. Es así que alrededor de 9 millones de hogares mexicanos, que representan 31% de las viviendas particulares habitadas del país en las que habitan 35.7 millones de personas, se encuentran en rezago habitacional.
En los últimos años se ha presentado un proceso de transición en la naturaleza de la subsidiariedad del Estado hacia la vivienda; ha dejado de ser proveedor directo del bien a ser garantizador del derecho a la consecución del mismo, dejando la provisión a los mercados privados. El mecanismo lo representa el crédito hipotecario y en gran medida los programas que abarcan la seguridad social y los fondos públicos.
Las instituciones de crédito, tanto públicas como privadas, han asumido el papel principal de intermediar el financiamiento tanto de la edificación como de la adquisición, mejoramiento y autoconstrucción de la vivienda. En términos de créditos, el mayor proveedor es el Infonavit, seguido de la banca comercial. Según cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal, para 2014, el 59% de los créditos será otorgado por el instituto y el 24.1% por la banca.
La construcción de vivienda es un detonador indiscutible de la economía, impulsa 162 ramas manufactureras y de servicios, y existe capacidad para incrementar su potencial a niveles superiores al 6% de PIB. Para ello, es necesario que se consolide la política nacional de vivienda como una política de Estado, que el sector privado desarrollador y financiador pueda expandir su desempeño sobre bases firmes de crecimiento y que el sector de los hogares cuente con mayores posibilidades de ingreso y capacidad de pago sin merma a la economía familiar. Es importante entonces que se termine de edificar el binomio vivienda y desarrollo, para eliminar el rezago habitacional y enfrentar la demanda futura de vivienda, que se estima para los próximos 20 años en 10.8 millones de viviendas debido a la creación de nuevos hogares.
Lo anterior sin desatender los objetivos de transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente, para evitar el crecimiento desordenado de las ciudades y la expansión descontrolada de las manchas urbanas; reducir de manera responsable el rezago de vivienda; y procurar una vivienda digna para los mexicanos.