Larga lista de temas pendientes
Miguel Barbosa Huerta
El actual periodo ordinario de sesiones llega a su ocaso sin desahogar una larga lista de temas pendientes.
Las reformas estructurales no tienen pies para caminar, y sin esos pies, lo que al principio parecía un gran éxito para el gobierno federal puede revertírsele en el corto plazo.
El paquete en materia de energía, que haría viables las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuando se escriben estas líneas, ni siquiera se ha presentado. Las razones están fuera del Congreso, en la intrincada red de intereses y complicadas negociaciones entre el gobierno y los poderes fácticos.
En la izquierda, y en particular el PRD, hemos expresado nuestra oposición a los cambios que el gobierno impuso a la Constitución el año pasado.
Votamos en contra de las reformas constitucionales y, en su momento, participaremos activamente en la discusión de estas leyes secundarias para evitar que se concrete el despojo al patrimonio energético nacional.
En telecomunicaciones y radiodifusión tuvo que reponerse el proceso de dictaminación, después de que el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, intentó imponer un proyecto de dictamen violando la normatividad de esta Cámara y sin el conocimiento y, mucho menos, el acuerdo de las comisiones involucradas y los grupos parlamentarios, incluidos los de su propio partido.
Desde nuestra perspectiva resulta prioritario que el sentido y alcance de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y competencia se exprese plenamente en sus leyes secundarias.
Particularmente que se logren beneficios palpables a los usuarios en materia de calidad y precio de los servicios. Exista transparencia en el otorgamiento de concesiones, respete el derecho de las audiencias, fortalezcan los medios de comunicación, sociales, comunitarios e indígenas y garantice el acceso y la neutralidad de Internet.
En torno a las elecciones de 2015 se prendieron las alertas rojas, porque todavía no se cuenta con un dictamen de las reformas y las nuevas leyes que regularán las elecciones del próximo año.
Se trata de una situación verdaderamente grave, inédita en el sistema electoral mexicano, cuya consecuencia sería una vulnerabilidad institucional que pondría en grave riesgo la organización, realización y calidad de las elecciones federales y locales de 2015.
Ante esta situación, los grupos parlamentarios hemos incrementado nuestros esfuerzos para construir los acuerdos que permitan tener el marco legal que dé certeza a los procesos electorales de 2015 y permita al Instituto Nacional de Elecciones (INE) ejercer plenamente sus facultades y atribuciones.
En el tema de competencia económica se logró avanzar en un dictamen con acuerdo en las partes fundamentales; sin embargo, el gobierno federal persiste en sus pretensiones de limitar las facultades de los órganos reguladores en esta materia.
Uno de los logros más importantes de la actual legislatura consiste en el avance de la transparencia y el acceso a la información, que implica la autonomía del IFAI y la designación de sus siete integrantes. En este tema se logró acabar con las cuotas por partido y avanzar por medio de un trabajo colegiado de comisiones y con la participación de un comité de expertos en la selección de los mejores perfiles para ocupar estos importantes cargos.
En suma cuando se escriben estas líneas, el saldo del trabajo legislativo aún resulta incierto. La saturación de iniciativas, el retraso calculado en el envío de las propuestas del gobierno federal y el conflicto en el Grupo Parlamentario del PAN derivado de la disputa por su presidencia nacional provocaron esta situación.
No existen resultados de las reformas estructurales, justo en los momentos en que el gobierno federal más necesita fortalecer su imagen.
A finales de 2013 y principios de este año, algunos centros formadores de opinión pública hablaron mucho de los cambios estructurales en materia educativa, telecomunicaciones y competencia, política y electoral, y energía como grandes logros del gobierno federal, incluso relanzaron una campaña propagandística destinada a caracterizar estos meses como “el momento mexicano”.
La captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, los abatimientos de Nazario Moreno González, El Chayo, y de Enrique Plancarte Solís, El Kike Plancarte, así como el cerco cada vez más estrecho a Servando Gómez Martínez, La Tuta, son acciones que han evidenciado con éxito la estrategia del gobierno en el combate a las principales cabezas del crimen organizado y que fueron reconocidos dentro y fuera del país.
La reciente visita del presidente estadounidense Barack Obama a territorio nacional parecería que apuntalaba este propósito. Sin embargo, a contracorriente de los deseos gubernamentales, terminamos este periodo ordinario de sesiones cuando el presidente de la república vive su peor caída en las encuestas de opinión, cuando la población resiente el clima de inseguridad, cuando los datos recientes del INEGI dan cuenta del estancamiento en la economía y el aumento del desempleo.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos atentos a la situación nacional y a que el Senado cumpla cabalmente con sus responsabilidades, por esta razón ejercemos plenamente nuestras facultades constitucionales y legales como legisladores y contribuimos a garantizar los derechos de la población y la observancia de las leyes.
Hemos manifestado nuestra disposición de redoblar esfuerzos para avanzar lo más posible en los días que restan del actual periodo en los temas pendientes, y en la posibilidad de convocar a uno o a los periodos extraordinarios necesarios para que el Senado de la República responda a la sociedad.
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República.