¡VIVA LA DISCREPANCIA!
Raúl Jiménez Vázquez
En entregas precedentes nos hemos ocupado del histórico papel que está teniendo la ONU respecto al escabroso asunto de los abusos sexuales cometidos por miembros de organizaciones religiosas; tema que fue objeto de un primer análisis dentro del Comité de los Derechos del Niño, del cual emanó un informe en el que, sin ambages, se apunta con total severidad que los comportamientos pederastas fueron tolerados, protegidos y encubiertos desde la estructura misma del poder vaticano.
A un análogo señalamiento arribó asimismo dicho órgano colegiado al examinar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Santa Sede en relación al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil, concluyendo que los sacerdotes involucrados en actos de pornografía infantil gozan de impunidad sistemática.
Tocó el turno ahora al Comité contra la Tortura, cuyos integrantes calificaron las abominables conductas de los pederastas eclesiásticos como torturas y otros actos crueles, inhumanos o degradantes expresamente prohibidos por la Convención de la materia; e igualmente acusaron a los funcionarios del Vaticano de encubrir a los responsables, emplazándolos para que hagan entrega de éstos a las autoridades civiles.
Estas tres intervenciones del máximo organismo político de la humanidad han evidenciado que se trata de crímenes de Estado prohijados por un sistema de banalización del mal, cimentado en infames códigos de silencio y en aberrantes políticas de solapamiento institucional de los agresores y absoluto menosprecio al dolor, la dignidad y los derechos humanos de las víctimas.
Debido a esa patología moral, jurídica y política, infinidad de delitos de esta índole fueron perpetrados en muchas partes del mundo sin que los responsables hayan sido objeto de castigo alguno. El monstruoso caso de Marcial Maciel es arquetípico en todos sentidos; también lo es el del nuncio apostólico en República Dominicana, Josef Wesolowski, quien fue trasladado a Roma inmediatamente después de que sus fechorías se pusieron al descubierto.
En México la pederastia tiene tintes de una genuina epidemia. Según la información recientemente difundida a través de la prensa escrita, un clérigo de San Luis Potosí cometió innumerables atrocidades que fueron conocidas por sus superiores jerárquicos y a sabiendas de esto le permitieron proseguir con su ministerio. Afortunadamente la presión desplegada por el exsacerdote Alberto Athié, Luis Nava Calvillo y otros activistas obligó a abrir una indagatoria penal y ello hará imperiosa la entrega de los archivos eclesiásticos.
El fin de la impunidad de los pederastas está a la vista. Es de esperarse que el brazo de la justicia alcance por igual a los autores materiales y a quienes a lo largo de la cadena de mando les proveyeron de tan repulsiva protección.