El Gobierno del Distrito Federal interpuso un recurso para que un juez defina el contenido y alcance del contrato para la construcción de la convulsionada Línea 12 del Metro, firmado entre el GDF y el consorcio ICA, Carso y Alstom.

En entrevista, el consejero Jurídico y de Servicios Legales, José Ramón Amieva Gálvez, detalló que interpondrán una acción declarativa de hechos propios ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), ya que el gobierno capitalino mantiene una postura y el consorcio constructor otra respecto a la póliza de vicios ocultos y el mantenimiento.

“Hemos iniciado una acción declarativa de hechos propios ante el TSJDF. Esta acción declarativa lo que dice es que nosotros tenemos una postura como gobierno, el consorcio tiene otra postura, por lo que acudimos ante un juez para que determine los contenidos y alances del contrato”, dijo.

A juicio del GDF, señaló Amieva Gálvez, el contrato con el consorcio es a tiempo determinado, precio alzado y no está sujeto a una variación en cuanto a monto. “Es decir que no se puede pagar ningún concepto más y que están vigentes las fianzas, las cuales no solamente amparan los vicios ocultos, sino cualquier otro defecto o irregularidad en la realización de los trabajos, y que el mantenimiento sea prestado por el consorcio”, indicó.

De esta manera, el funcionario señaló que  tienen conocimiento de dos juicios que el consorcio constructor interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, uno de los cuales ya les fue notificado.

“Son relacionados con dos escritos que emitieron el anterior y actual director del Proyecto Metro en donde se le requería al consorcio un programa de trabajo para subsanar las fallas que encontró el Sistema de Transporte Colectivo Metro”, indicó.

Dijo que el consorcio solicitó una suspensión y le fue negada, por lo que ahora la Consejería Jurídica del GDF espera que corra el plazo de 15 días para presentar su contestación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Respecto al proceso jurídico que iniciaron por el reembolso de 489 millones de pesos que les solicitó la Secretaría de la Función Pública (SFP), Amieva Gálvez dijo que están a la espera de que la dependencia responda a la suspensión provisional que otorgó un juez al GDF.

Asimismo, señaló que tienen conocimiento de otro juicio de amparo, pero hasta el momento no han sido notificados. Al parecer, dijo, existe una disyuntiva si son competentes los tribunales federales en materia civil o materia administrativa.

Por último, el abogado del GDF afirmó que espera que la solución no esté sujeta a un seguimiento jurídico, sino a una “voluntad de cumplimiento del consorcio, de la arrendadora de trenes CAF y por parte del gobierno”.

Recordó que todo procedimiento está sujeto a llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto.