Reforma necesaria
Julio A. Millán B.
El Congreso recientemente aprobó la Ley de Competencia Económica; se trata de una reforma necesaria a fin de impulsar el desarrollo económico mediante la eliminación y prevención de monopolios y prácticas monopólicas.
Ahora bien, la teoría económica plantea que un mercado en libre competencia existe cuando hay varios oferentes, la información está disponible para todos, los precios y volúmenes de mercado se determinan por las interacciones entre oferta y demanda, entre algunos otros elementos. Un monopolio, teóricamente, es el extremo opuesto.
Los monopolios generan distorsiones en el mercado, que disminuyen el bienestar de los consumidores. Empero, existen actividades económicas en las que lo más eficiente es que sean realizadas por una sola empresa. Los casos más claros se dan en industrias donde predominan los costos de capital (p. ej. infraestructura) y las economías de escala. Es el caso de los servicios públicos como la distribución de agua potable, entre otros. Éstos se denominan monopolios naturales, los cuales están caracterizados porque la barrera natural de entrada es la inversión que se requiere, la legislación y la naturaleza misma de la actividad.
En la mayoría de los casos, estos monopolios naturales están en poder del Estado y algunos pueden ser concesionados a la iniciativa privada, como los servicios telefónicos. En este contexto, cuando el Estado concesiona a una empresa privada la prestación de un servicio, ya sea a escala nacional o regional, está creando un monopolio natural. Lo anterior debido a que la empresa concesionaria requiere la exclusividad, al menos por un tiempo determinado, para que sean rentables las inversiones efectuadas.
Este tema es de vital importancia, ya que con la reforma habrá que ser muy claros al determinar cuándo una empresa es monopólica porque se le otorgó una concesión o porque está ante un caso de prácticas monopólicas o monopsónicas.
Es necesario evaluar cómo se han generado resultados negativos, como la mala distribución de la riqueza. Debemos contar con un sistema de libre mercado, pero con un regulador que construya instituciones y dificulte excesos por parte de los agentes económicos. Es decir, un capitalismo con mercados administrados.
En un mercado administrado el Estado dicta ciertas normas de comportamiento; tiene un marco regulatorio sobre cómo deben actuar los agentes económicos para lograr un comercio libre y justo, que implica flujo de bienes y servicios sin restricciones, así como la eliminación de distorsiones, como las barreras proteccionistas, las prácticas monopólicas y la competencia desleal.
Implica un nuevo capitalismo más social, humano e integral, sin caer en un intervencionismo excesivo, como el proteccionismo, ni caer en el abuso de las libertades que llevan a iniquidades. Se requiere responsabilidad social por parte del Estado al controlar las desviaciones del mercado.