Aún es tiempo de reivindicar al agricultor
Julio A. Millán B.
A lo largo del siglo XX, se vivió una constante movilidad de la población rural hacia centros urbanos. A principios de esa centuria, 80% de los mexicanos vivía en zonas rurales y a la fecha 80% vive en zonas urbanas. Si bien es cierto, existen muchos elementos que influyeron en este fenómeno, uno de los principales es justamente que el campo dejó de brindar las oportunidades necesarias para subsistir de manera digna.
Según datos del INEGI, la agricultura pasó de aportar alrededor de 3.7% del PIB en promedio entre 1960 y 1980 a 2.5% entre 1981 y 1993 (previo al TLCAN) y alrededor de 2.1% entre 1994 y 2012.
La apertura y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá implicaron ajustarse a reglas que establecían la eliminación de aranceles, la disminución de subsidios y, por supuesto, el acceso al mercado de importación con productos de alta calidad y a precios mucho más accesibles, claramente en beneficio del consumidor. Al campo mexicano, en particular, se le dio un periodo de gracia, en el cual debía prepararse para ser más productivo y competitivo. Sin embargo, en las negociaciones no se consideraron las asimetrías y problemas estructurales.
La política agrícola, a partir de 1995, ha tratado de incentivar la productividad del campo mexicano a través de subsidios directos a los campesinos, pero con resultados poco halagüeños. También se han realizado esfuerzos para impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo; sin embargo, los esfuerzos con una estructura cada vez más delgada y recursos escasos no permiten tener los alcances deseados.
Por supuesto, la apertura económica no es el único elemento determinante en el rezago del campo, mucho han aportado la falta de modernización, la baja productividad, el desgaste y la caída continua del rendimiento de la tierra y el bajo nivel educativo de los campesinos que crea círculos perversos de pobreza. Se trata de un sector olvidado, con fuertes rezagos tecnológicos, económicos y sociales.
Estamos aún a tiempo de revertir este proceso y darles una reivindicación a los campesinos mexicanos. Para ello, es sumamente importante que se desarrolle una verdadera política agrícola integral, de sustentabilidad y de largo plazo, que inicie por la base de la educación y la eliminación de la pobreza extrema, que privilegie e incentive (ahora sí) la productividad y el trabajo de los productores y su familia, que genere la infraestructura necesaria para dar acceso y movilidad a todos los participantes de la cadena de valor.
La actual administración ha comenzado con el pie derecho; se están realizando fuertes esfuerzos para atender la problemática en el campo y prueba de ello es el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, el cual ha generado muy buenas expectativas y comienza ya a dar resultados.