Controlar el gobierno estatal y el de todos los municipios

 

Jorge Carrillo Olea

El presidente Enrique Peña Nieto acaba de aplicar en Tamaulipas una muy costosa medicina: asumir el gobierno estatal y por ende los 43 municipios. Todo, venga de una vez. El secretario Miguel Ángel Osorio Chong le llamó nueva estrategia. Y es de llamar la atención esa denominación porque la hemos oído muchas veces. A cada rato hay una nueva estrategia.

“Vamos a restablecer las condiciones que permitan que los tamaulipecos recuperen la tranquilidad que se merecen, para ello entonces, vamos a fortalecer la coordinación de las dependencias federales con los otros órdenes de gobierno”, afirmó el secretario.

No dijo quiénes somos nosotros pero sería de entenderse que somos los que venimos, los que diseñamos estas ideas, los que las estamos exponiendo. O sea, nosotros los fuereños, no ustedes los locales que manifiestamente no han podido. Porque a los dueños de la casa se refirió en tercera persona, les llamó “los tamaulipecos”.

En ningún momento hizo alusiones de consideración a las autoridades locales, ni gobierno estatal ni municipales. Otra frase de su descuidado discurso fue “vamos a depurar la procuraduría de justicia”. Veni, vidi, vici. Los tamaulipecos se sentirán ya aliviados.

De esta manera, Osorio ratificaría la necesidad de atender al criterio de John Bailey, reconocido mexicanólogo de la Universidad George Washington en Estados Unidos, que recomienda “una mayor participación y mejor cualificación de los actores del sistema seguridad/justicia, principalmente alcaldes y gobernadores, que hoy están excluidos de facto del esfuerzo en pro de la seguridad”, y lo que, como es evidente en el discurso de Osorio, no se está dando.

Sería hasta malévolo ignorar los apremios de Peña Nieto por el tema de la inseguridad. Eso y la situación económica se revelan en su rostro a pesar de su brincoteo cotidiano. Tendría derecho, ultima ratio, a aplicar esos extremos invasores y violadores de tantas cosas, pero siempre que fuera, como toda excepción, sólo por una vez, ya que quedará el registro de que se les está sacrificando.

Lo lamentable después de ver lo costoso de los discutibles éxitos en Michoacán es que ese último argumento, el de faltar a los principios constitucionales, se fuera haciendo una práctica ordinaria de gobierno. Ahí está el Estado de México, palabras mayores por muchas razones; ahí está Morelos y el efervescente Guerrero.

Cada vez que se anuncia una nueva estrategia en algún sitio, hay gobernadores que respiran pues saben que es un recurso presidencial que se agota, que no es duradero y, por lo tanto, al aplicarse en otros lados, los aleja a ellos de la misma medicina.

Estas ideas, por encima del clima de emergencia que las explica, deben reflexionarse en el contexto del retroceso de toda la filosofía federalista. Alguien o algunos con ideas muy depuradas están ya haciendo reflexiones sobre la acumulación de decisiones que tienden claramente a desaparecer los constitucionales “municipio libre” o “estados libres y soberanos”.

Todo eso se está revirtiendo. El municipio, que salvo excepciones es una realidad de debilidad e ineficacia, en vez de fortalecerlo, está siendo aniquilado. El estado como concepción constitucional está siendo avasallado; no se llega a él en su auxilio sino en su sustitución.

Considérense en esta reflexión las reversiones hacia el poder central de las materias presupuestal, procesal penal, fiscal o electoral. Seguramente aportan signos positivos, pero a la larga significan el regreso al estado unitario, central.

Perplejidad es lo que por lo pronto nos resulta, perplejidad y preocupación. ¿Hay la racional intención de volver al México central y unitario que diseñó la Constitución de 1836? Pues parece que sí.

De esta manera, el nuevo PRI del que habla el sonriente César Camacho es una reedición de los días más aciagos de este intento cuasi fallido de democracia y republicanismo, el del México indiviso de los días de Gustavo Díaz Ordaz con su dureza o el de Adolfo López Mateos que con su sonrisa fue tan totalitario como Díaz Ordaz.

Si vamos a emular aquella concepción de país, nos faltaría proclamar el supremo poder conservador y la obligatoriedad de la religión católica. Tal vez estemos camino a aquél aunque naturalmente mediante un aggiornamento en las formas.

¿Qué opinarían nuestros federalistas Valentín Gómez Farías, Miguel Ramos Arizpe, los constituyentes de 1917, o Jesús Reyes Heroles, Felipe Tena Ramírez o Jorge Carpizo? ¿Usted qué opina?

 

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