El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Palacencia, será interrogado por Senadores de la República sobre “malas prácticas” del organismo que derivaron en “violaciones a derechos humanos”, por las “graves fallas” en su investigación y recomendaciones emitidas sobre la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

La solicitud de la comparecencia fue impulsada por familiares de las víctimas respaldadas por agrupaciones de expertos y defensores la sociedad civil. Se espera que a partir de la reunión de trabajo, se planteará el camino para llegar a la verdad, recibir justicia y  reparar el daño para las víctimas.

Por primera vez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia responderá ante los Senadores de la Comisión de Derechos Humanos, este martes 20 de Mayo, por violentar los derechos humanos de las familias de las víctimas y de la sociedad en la investigación y en la  recomendación 80/2013 sobre la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Ante la petición de comparecencia, hasta la fecha, sólo se ha logrado una reunión de trabajo impulsada por las organizaciones siguientes: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

A través de las preguntas de los integrantes del Senado se espera que el ombudsman responda a las quejas e inconformidades de expertos, defensores y de los familiares de las víctimas de la masacre.

Si bien la Comisión de Derechos Humanos del Senado consiguió una reunión de trabajo, cuando lo que se estaba pidiendo era una “comparecencia”, defensores y sus familiares señalan que “un Estado democrático de Derecho requiere mecanismos de controles eficaces, regulares e institucionalizados entre los diferentes poderes y órganos de la Nación. En este caso, cuando un órgano autónomo como la CNDH viola los derechos humanos de víctimas en situación de vulnerabilidad como son las personas migrantes y sus familias, el titular de la Presidencia de la CNDH tiene la obligación de rendir cuentas,” agregan más de un centenar de defensores y expertos de todo el continente americano en un pronunciamiento de respaldo a los familiares de las víctimas de San Fernando.

Además, agregan, “el ombudsman nacional tiene el deber de investigar los hechos de la masacre de las 72 personas migrantes, de clasificarlos como grave violaciones a los derechos humanos, de escuchar a las víctimas y sus familiares y de dictar medidas específicas para reparar el daño en materia de derechos humanos,” precisan.

Expertos, defensores humanitarios y activistas de todo el continente americano subrayan que la CNDH “demoró 3 años y 4 meses de ocurridos los hechos en suscribir la recomendación derivada del proceso de investigación” sobre la masacre que fue identificada por el mundo como una “tragedia humanitaria”.

La recomendación de la CNDH “contiene aspectos relevantes en materia de medicina forense, cadena de custodia, manejo de restos, así como recomienda iniciar procedimientos por algunas responsabilidades vinculadas con la investigación penal y medidas estructurales como la creación de un banco de datos en genética y políticas de prevención. Sin embargo, la recomendación 80/2013 viola dos aspectos fundamentales en perjuicio de las víctimas y de la sociedad porque no se pronuncia sobre los hechos de la masacre (violación al derecho a la vida) ni sobre la responsabilidad del Estado en los hechos. Al no garantizarles su derecho a participar en el proceso, la CNDH no buscó, documentó ni escuchó la voz de los familiares de las víctimas de las 72 personas migrantes asesinadas quienes conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas.”

Un vacío en la recomendación de la CNDH que deja sin acceso a la justicia a las víctimas es que el Ombudsman Plascencia “tampoco establece medidas de reparación integral del daño. Dicha recomendación resulta parcial, violatoria de los derechos humanos de familiares de las víctimas e incluso perjudicial al derecho a saber, tanto de las víctimas como de la sociedad,” precisan defensores humanitarios desde Brasil hasta los Estados Unidos.

La CNDH “también deberá rendir cuentas sobre su falta de actuación para emitir medidas cautelares y prevenir violaciones de derechos humanos de familiares de migrantes. Tal es el caso de la solicitud de medidas que no dictó para evitar la cremación de restos de personas migrantes de San Fernando Tamaulipas.”

Son obligadas las explicaciones públicas de parte del Presidente de la CNDH ante el Legislativo “por las omisiones advertidas en el proceso de investigación en la masacre de 72 personas migrantes y las masacres de las fosas clandestinas de San Fernando. La masacre de las 72 personas migrantes constituye uno de los peores momentos de la historia de México y la CNDH obstaculiza el ejercicio del derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad, aseguran los defensores humanitarios.

Los  expertos y defensores demandan a los senadores “que se hagan voceros de las preocupaciones de las familias de las víctimas. Se aprovechará de esta oportunidad para solicitar a las y los Senadores que se integre una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos que la CNDH asumirá para investigar la masacre de las 72 personas, atender a las víctimas y reparar el daño.”

“La reparación debe realizarse a través de un proceso que dignifique y cuide a las víctimas, respetando el derecho que ellas tienen de estar acompañadas por sus representantes y de participar en la definición de las medidas de reparación,” concluyeron el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; el Comité Cofamipro, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; la Casa del Migrante de Saltillo  (Frontera con Justicia AC); La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco; Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; los Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.; Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana; la Estancia del Migrante González y Martínez A.C.; Por un Chihuahua Libre y Sin Temor de Chihuahua; Por la Superación de la Mujer A.C de Tapachula, Chiapas; el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM); el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. (CEDEHM); la Red Mesa de Mujeres Cd. Juarez; el Eje sobre Migracion, Refugio, y Desplazamiento Forzado del Capitulo Mexico del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP; la Comisión Jurídica del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento TICPM; el National Lawyers Guild EEUU USA; el Border Center for Human Rights and Social Justice, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico Estados Unidos; la International Association of Peoples Lawyers IAPL; la Asociacion Brasileña de Abogados del Pueblo ABRAPO, las Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; la Transfronteriza Migración y Género (Guatemala-México); la Agencia de Servicios y Desarrollo Económico y Social de Huehuetenango (ASDECOHUE), Área de Salud del Departamento de Huehuetenango, Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Comisión de la Mujer de Huehuetenango (CODEMUJER), Defensoría de Población Desarraiga y Migrantes (PDH), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Foro Nacional de la Mujer, Grupo de Mujeres de la Comunidad de Chaculá, Organización Desafío Juvenil, Pastoral Social de La Libertad (Huehuetenango), Procuraduría de Derechos Humanos Departamental, Puesto de Salud La Mesilla, Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSG), todos estos de Guatemala; la Casa del Migrante San Rafael; el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba; el Centro de Educación Integral de Base (CEIBA); el Centro Educacional Tanesque; el Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada;  ENLACE Comunicación y Capacitación, Formación y Capacitación;  FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; Pastoral Migrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Servicio Jesuita a Migrantes-Equipo Frontera, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes; la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana); el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C.;  el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.; el Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.; el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua) y a título personal, Ana Stern; Dr. Camilo Pérez Bustillo; Mrto. Julio da Silveira Moreira y el Dr. Sergio Aguayo