Leyes secundarias en materia energética
Miguel Barbosa Huerta
Tarde y mal, el presidente de la república envió sus propuestas de leyes secundarias en materia energética.
Tarde, porque el sello de acuse del Senado de la República fue estampado apenas unas horas antes de que culminara el más reciente periodo ordinario de sesiones, clausurado la noche del 30 de abril.
Mal, porque el paquete de 21 reformas, agrupadas en nueve temas del gobierno, pretende materializar la privatización del sector energético nacional para entregar la renta petrolera a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.
En diciembre del año pasado y una vez promulgadas las reformas constitucionales de los artículos 25, 27 y 28 en materia energética, los voceros del gobierno federal expresaron la urgencia de contar con las leyes secundarias correspondientes. Esto implicaba que el gobierno federal hubiera entregado sus iniciativas en enero o a principios de febrero de este año. No ocurrió así. Primero, por cálculo político; después, porque el gobierno quedó atrapado en su propia red de intereses.
La reforma energética representa cambios de la mayor relevancia nacional. A finales del 2013, con firmeza, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República se opuso a la privatización de nuestro patrimonio energético. Fueron muchas horas de debate y decenas de intervenciones que sólo obtuvieron por respuesta el silencio de los legisladores afines o aliados al gobierno.
Las propuestas del gobierno federal serán revisadas ley por ley, artículo por artículo. Hemos sumado expertos para que nos ayuden a analizar los alcances de la reforma constitucional en materia energética y los abusos que pretenden materializarse en las leyes secundarias.
Lejos de provocar apoyo social, las propuestas del gobierno comienzan a generar un rechazo cada día más intenso en diversos sectores sociales.
Las promesas de gasolina y gas baratos a estas alturas resultan insostenibles. En el corto plazo, los combustibles seguirán aumentado mes con mes, en un contexto de estancamiento económico y aumento del desempleo que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.
Estas circunstancias han provocado que nuevas voces expresen sus dudas sobre la reforma energética que pretende aplicarse en nuestro país. Tal es el caso del cineasta y ganador del premio Oscar, Alfonso Cuarón, que puso el dedo en la llaga con sus preguntas y que en el fondo expresa las dudas de muchos compatriotas.
De una primera revisión de las propuestas enviadas por el Ejecutivo, preocupan varios temas: alcances y transparencia en el otorgamiento de licencias y contratos; facultades de los órganos reguladores; debilitamiento de Pemex y de la CFE; régimen fiscal de Pemex, y cuidado del medio ambiente, entre otros.
La nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos, que sustituiría a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, constituye el eje estructural de todo el planteamiento gubernamental y se caracteriza por un exacerbado contratismo.
Hemos identificado cuatro mecanismos con los que pretenden despojar a Pemex de sus actuales yacimientos: primero, la Ronda Cero; segundo, la migración de las asignaciones hacia los contratos; tercero, la coexistencia en la explotación en aguas profundas, y cuarto, el régimen fiscal.
Se pretende debilitar Pemex y la CFE, porque en la propuesta presidencial refieren que estas empresas son propiedad exclusiva del “gobierno federal”, lo que implica que su gestión estará supeditada a los intereses del Ejecutivo y su Consejo de Administración para vender y desmantelar las instalaciones industriales sin responsabilidad real ni rendición de cuentas alguna.
Pemex y CFE deben permanecer como propiedad del Estado, con verdadera autonomía para asegurar su permanencia, crecimiento, eficiencia y desarrollo en beneficio de las y los mexicanos.
En el caso de los órganos reguladores, de aprobarse la iniciativa presidencial se comprometería la autonomía técnica y de gestión que se les otorgó en la reforma constitucional a los comisionados, pues sus presidentes no serán nombrados por el Senado.
En el régimen fiscal no identificamos cambio de fondo en la carga de Pemex. No se le otorga la autonomía financiera y de gestión necesaria para que pueda desarrollarse.
La propuesta de crear la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el Sector de Hidrocarburos confirma sus motivaciones políticas, porque no garantiza la protección preventiva al medio ambiente, de evaluación, de mitigación de riesgos, de afectaciones por explosiones, derrames, incendios, desperdicios y deforestación, entre otras.
Finalmente resulta claro que el combate a la corrupción no es prioridad desde la perspectiva presidencial. Faltan mecanismos para la rendición de cuentas, así como de compromisos en las funciones que realiza. Por ejemplo: los consejeros de Pemex dejan de ser servidores públicos y, por esto, dejan de estar sujetos a la responsabilidad administrativa.
La sociedad puede tener la certeza de que las senadoras y senadores del PRD defenderán el patrimonio energético de nuestro país.
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República.